El 13 de enero se publicó en EL PERIÓDICO el artículo de Elisenda Colell «O espabilas o te pudres en la calle», que alude a posibles ertes en un comedor social del Ayuntamiento de Barcelona, por lo que uno se pregunta: ¿en manos de quién están los servicios sociales? Si fuesen funcionarios o personal laboral públicos, no se podrían hacer ertes.
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Hablemos del tercer sector: este sistema no es redistributivo, su finalidad es un asistencialismo precario y extraer de la administración pública la gestión de servicios sociales, lo cual está creando un suborden donde se cronifica la miseria mediante el traspaso de fondos públicos a entidades privadas, que en teoría no tienen ánimo de lucro, pero que se constituyen en fundaciones, las cuales persiguen ventajas fiscales y que, en algunos casos significativos, forman parte de corporaciones privadas con un ramillete de empresas que reciben conciertos, concursos y subvenciones públicas.
El tercer sector es una política anti-estatista, es decir, no todos son oenegés, por lo que no es una posición progresista o socialdemócrata como se quiere hacer ver. Para que estas empresas funcionen tiene que ir en aumento su financiación pública, y esta solo se puede justificar si hay más exclusión, y sin perjuicio de reducir gastos con ertes.
La economía actual funciona así, si no hay un crecimiento constante viene la crisis, y esta dinámica de mercado se ha introducido en la gestión de servicios sociales. Este mes de enero se citaba a Emmanuel Macron en 'Le Monde Diplomatique': «lo que esta pandemia nos revela es que existen bienes y servicios que deben situarse fuera de las leyes de mercado». Obviamente, esto debería aplicarse no solo a las mascarillas, los respiradores y las vacunas, sino también a los servicios sociales de exclusión severa, pues en 2020, en Barcelona, murieron 70 personas sin hogar, y en los últimos años más de 200 siendo la segunda capital de España, y que muy posiblemente sea la punta del iceberg del resto del país.