La inmensa mayoría de víctimas, excluidos y condenados perpetuos que venían de la crisis del 2008, y de los nuevos y presumibles condenados por la del coronavirus, si no se hace lo correcto, volverán a quedarse atrás. No bastarán la renta vital, ertes, la prohibición de despidos, la suspensión de embargos y desahucios, etcétera, porque tendrán vigencia solo mientras dure el estado de alarma por el covid-19, será una protección temporal. ¿Y después? ¿De vuelta al mismo bucle sin fin dejando atrás a millones de ciudadanos más?

La catástrofe social y económica para millones de ciudadanos desde el 2008 no es nada comparado con los que se sumarán a esta nueva crisis. Para la nueva normalidad y la reconstrucción no se vislumbra ninguna redención para los antiguos y los nuevos condenados, seguirá la exclusión. Los de ayer, hoy y mañana volverán a tener deudas, pobreza, serán morosos, embargados, desahuciados y condenados perpetuos, de nuevo muchos quedarán atrás porque entrarán en la cadena perpetua.

No solo hay que derogar la 'ley mordaza', la reforma laboral y otras leyes antisociales, hay que derogar o mejorar toda ley que, como la de segunda oportunidad, no sirve para la recuperación. Costes y tiempos insufribles lo hacen inútil, hay que aprobar leyes que acaben con esta condena, ampliando y proponiendo marcos de protección eficaces para este enorme colectivo y rescatarlos de una vez, darles la cobertura dentro de un marco legal, social y económico como víctimas, con quitas y exoneraciones de deudas, frente a los acreedores, la banca, y los organismos públicos (Seguridad social, Hacienda, ayuntamientos...), dándoles, por fin una auténtica nueva oportunidad, el derecho a la vida digna y no a la muerte indigna.

De no hacerlo, esto será responsabilidad de todos y de nuevo daremos la espalda a las víctimas y condenados de estas dos consecutivas pandemias. Lo más grave no es la pobreza, sino la condena perpetua de por vida y más allá de la muerte.