La redacción del artículo 2 de la Constitución del 78 es un buen ejemplo de uno de tantos consensos que la hicieron posible. La "minoría catalana" (que tuvo asiento entre los ponentes constitucionales gracias a que el PSOE cedió una de sus plazas) para introducir el término 'nacionalidades' (propio de la tradición catalanista desde el XIX), junto al de 'regiones' tuvo que aceptar el añadido con el que comienza el artículo: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". O sea, ni para ti ni para mí: nacionalidades, sí, pero a la vez unidad indisoluble, Nación española, patria común e indivisibilidad.
Entretodos
Para dar salida legal y razonable al problema institucional y constitucional que plantea el reto soberanista en Catalunya -que choca frontalmente con la primera parte del artículo 2- el PSOE propone volver a poner en valor esa idea de nacionalidades y redefinir el Estado de las Autonomías como Estado plurinacional o como Nación de naciones.
Plurinacionalidad que, sin ser un imposible, efectivamente es más fácil de enunciar que de concretar en una organización territorial que satisfaga a todos -a las regiones, a las nacionalidades y a la Nación Española actuales- y que mantenga la solidaridad entre todas ellas. Y tanto más difícil será realizarla cuanto mayor sea el antagonismo y menor la voluntad de consenso que haya entre los interlocutores -el Gobierno y el Govern, el Estado y la Generalitat-, como es el caso.
Por eso, la propuesta del PSOE probablemente nace muerta, porque ni Rajoy ni Puigdemont, presos de sus palabras y de sus actos, ya no pueden dar marcha atrás a este disparate en el que nos han metido. El disparate es que ninguno de ellos puede prever con certeza la gravedad de las consecuencias del enfrentamiento institucional que ya parece inevitable.