Todos los gobiernos de la democracia española, los de Felipe González también, en aras de la concurrencia económica globalizada han privatizado empresas y servicios públicos, para reducir el gasto de las Administraciones, permitiendo oportunidades de negocio donde antes se reconocían derechos sociales, como la sanidad universal, la educación igualitaria, el sistema público de pensiones, las comunicaciones accesibles, la seguridad, etcétera. Ahora esos derechos hay que pagarlos, y esto aumenta la tensión competitiva de los trabajadores y la productividad de sus empleos, como se pretendía demostrar.
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Algunos ciudadanos, evidentemente no la mayoría, aquellos que hemos ido perdiendo elección tras elección, exigimos la pervivencia de un sistema de reparto de riqueza organizado políticamente, que cubra determinadas necesidades colectivas para aquellos que no podamos adquirirlas a precio de mercado. Pedimos esta acción política por la cohesión y la justicia social, en cada oportunidad, votando a los partidos políticos más progresistas. Además, muchos nos hemos organizado alrededor de esos mismos partidos políticos o de los sindicatos de clase, que representan una alternativa consolidada para luchar día a día por una sociedad más justa.
Y luego está González, que va por libre y, desde su 'paniaguada' posición económica personal y de gestor desinteresado del bien común, reclama sus méritos de gobierno y el derecho a discrepar, dentro de un partido político que se predica socialdemócrata y se aprueba a sí mismo con el 95% de los votos emitidos. ¿Quién lo entiende?