El objetivo último del corruptor es viciar el procedimiento administrativo, buscando ventajas competitivas o una situación de privilegio para sus negocios frente a otros competidores o frente a la propia Administración. La corrupción crece sin la presencia de la inteligencia y de la voluntad de los implicados. Simplemente, casi sin esfuerzo, a los corruptos les bastaba con presentarse y asumirse como un engranaje del sistema, cuanto más podrido más necesario. Banalizar la corrupción de esta forma exige aberrar de la propia conciencia; se crea la ilusión de que el corrupto controla el proceso completo sintiéndose invulnerable por su pericia para conjurar los riesgos, porque las consecuencias son intrascendentes penalmente o porque no hay víctimas identificables (doctrina Botín). La falta de motivación para cumplir la legalidad se transforma en indiferencia afectiva hacia los demás. La ética pública se amolda a las exigencias del implicado, que delinque sin problema de conciencia.

En sentido contrario, para mantenerse al margen de tal grado de corrupción, sí resultaba imprescindible una actitud proactiva en defensa de la legalidad, y a veces un sacrificio personal silencioso. El Inspector Jefe de la UDEF Manuel Morocho, acudiendo a la Audiencia Nacional, dignifica la labor de muchos otros trabajadores públicos.