La decisión de la Junta de Andalucía de librar a los andaluces del impuesto de patrimonio es absolutamente legal, sin embargo, el gesto de su presidente al invitar a empresas y ciudadanos catalanes a trasladarse a Andalucía para buscar su felicidad económica no ha sido afortunado.
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Mi mujer y yo somos dos personas mayores con un pequeño patrimonio, pero ya no estamos para estos trotes (viajes, cambio de paisajes cotidianos, alejamiento de familiares y amigos, nuevos médicos y hospitales, papeleos varios, etcétera), o sea, a según qué edades cambiar de aires no es tan fácil, por lo tanto, continuaremos viviendo en Catalunya.
Lo del impuesto de patrimonio es solo uno más de los muchos asuntos que, en la actualidad, incomoda a muchísimos catalanes: esta es la pura y dura realidad. No sentirse a gusto en la tierra que uno ama no es un tema baladí. En su día, al contrario de lo que decidieron en Euskadi, el expresidente Jordi Pujol ya cometió el error de rechazar lo que el Gobierno español ofreció a catalanes y vascos respecto a su fiscalidad y, posteriormente, Montilla, Mas, Puigdemont, Torra y Aragonés, de maneras muy distintas, solo han servido para que Catalunya enfermara de manera alarmante. Y, volviendo al inicio, los euros que se recaudan en Catalunya a través de este injusto impuesto se podrían obtener de otras maneras, una de ellas podría ser rebajando los exagerados sueldos de políticos y asesores o disminuyendo el número de escaños de su parlamento autonómico.