Este 20 de octubre de 2021 me ha tocado vivir de cerca una de las peores situaciones en las que se puede ver involucrada una persona: un desahucio sin previo aviso de personas vulnerables con menores a cargo. Escribo en nombre de esa familia y muchas más a las que la Administración y Asuntos Sociales deja de lado, así como abogados de oficio sin escrúpulos.
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¿Dónde queda pues la Ley de protección al menor y la Convención de derechos del niño? ¿Quién pagará los daños psicológicos causados a este menor al que la Administración deja sin hogar, sin recursos...? Y lo más importante: se han quedado indefensos ante esta situación, dado que ni el juzgado ni el abogado de oficio que los representaba les informó ni les hizo llegar la notificación del día y la hora de dicho desahucio.
Estamos desamparados por nuestros gobiernos y leyes, es un “sálvese quien pueda” en toda regla.