El Banco de España dijo que los jubilados, a partir de 2017, recibirán una media de 1,74 euros por cada euro aportado durante su vida laboral, y exigió reformas (entiéndase, recortes de las pensiones) para evitar la quiebra del sistema. También lo pide la UE, que propone alargar el número de años para calcular el importe de las pensiones a cobrar. Y el ministro Escrivá obedece.
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Los pensionistas antes fueron trabajadores, se ganaron su sueldo y su cotización a la Seguridad Social, produjeron más riqueza, con más valor, que sus costes salariales. Esta rentabilidad del trabajo, por encima del 33% como reconoce el propio Banco de España, es lo único que mantiene a un trabajador en el mercado laboral; si no, sería despedido. Ese excedente, plusvalía o beneficio lo acumula el empleador, y solo secundariamente, a través de los impuestos, una parte mínima revierte a la sociedad para garantizar la reproducción del propio sistema (sanidad, educación, seguridad, infraestructuras…), y hacer soportable la desigualdad sistémica y creciente de la economía española (unos 12,4 millones de españoles vivían en riesgo de exclusión social o pobreza extrema cuando acabó 2021).
Financiar las pensiones con impuestos no debería parecer tan descabellado.