El próximo martes 10 de octubre será un día fundamental, pero no definitivo, en el desarrollo del conflicto entre el secesionismo y el Estado ya que de una u otra forma el problema seguirá enturbiando la política española -catalana incluida, claro está-.

Puigdemont lo tiene difícil: o declara la DUI pese a las advertencias del Estado y de cada vez más ciudadanos, instituciones y empresas sobre sus nefastas consecuencias económicas, sociales y políticas; o incumple la ley que tan abruptamente aprobó el Parlament -y que el TC anuló- y aplaza la independencia sine die. En ambos casos se enfrentará a la respuesta dura de los que piden que se detenga esta locura -con diálogo, con mediación, con pragmatismo-, o de quienes exigen la independencia sí o sí -la CUP, ANC, Omnium- tenga las consecuencias que tenga.

¿Podría Puigdemont el martes evitar la DUI? Sí. Quizá bastaría con declarar la voluntad manifiesta de alcanzar la independencia; reconocer que en el momento actual no es posible sin poner en riesgo la seguridad física, la cohesión social y el bienestar económico de los ciudadanos y, a continuación, anunciar la convocatoria de elecciones autonómicas que configuren un nuevo Parlament en condiciones suficientes para negociar con el Estado la singularidad de Catalunya en la actual Constitución -quizá reformada- o en una nueva.

Motivos hay suficientes para la convocatoria: los electores tienen hoy más datos y más fiables sobre las consecuencias de la independencia y de la actitud del Gobierno de España y de las instituciones tanto del Estado como de la UE. Pero igualmente unos y otros tienen suficientes motivos para temer unas nuevas elecciones que solo sirvan para mantener vivo y enconar más el conflicto bien porque el independentismo se desinfle, bien porque reciba un apoyo abrumadoramente mayoritario.

El momento es grave y muy grave la responsabilidad de quienes tienen que tomar las decisiones. Exijámosles a todos la prudencia política que nos merecemos los ciudadanos.