El proceso del juez Llarena del TS contra los miembros independentistas del anterior Gobierno de la Generalitat por rebelión y malversación parece desvanecerse. El delito de rebelión ya le ha sido negado a Puigdemont por el tribunal alemán que lo juzgó. No hubo delito de rebelión porque, según la RAE, ese delito supone "el levantamiento público y hostil contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos". Como eso no ocurrió, el tribunal alemán eximió de rebelión a Puigdemont, y en extensión a todos los exconsellers.

Respecto al delito de malversación, del que se les acusa por organizar el referéndum ilegal del 1-O, tampoco parece que lo hubiera. Y esta vez no lo ha afirmado un tribunal alemán sino el ministro de Hacienda, que en una entrevista hizo estas declaraciones: "No sé con qué dinero se pagaron las urnas de los chinos del 1-O, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no fue con dinero público".

Esas palabras merecen toda credibilidad porque en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Ministerio de Hacienda controlaba y sigue controlando las cuentas de la Generalitat. El juez Llarena está indignado por esas afirmaciones y le ha pedido a Montoro que demuestre lo que dice. El tribunal alemán y el ministro Montoro han dado un espaldarazo a Puigdemont y a los encarcelados preventivamente, que con toda probabilidad serán excarcelados, y todo volverá a la normalidad. Una pesadilla está a punto de esfumarse.