La Comisión Europea financió el programa de investigación LifePath (2015-2019), que comparaba, en varios estados miembros, la esperanza de vida entre personas de diferente estatus socioeconómico. Entre las conclusiones, se aseguraba que "las pobres circunstancias sociales y económicas parecen matar a la gente al mismo ritmo que los poderosos factores de riesgo, como el consumo de tabaco, la obesidad y la hipertensión".
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Dicho de otra forma: las personas con un bajo nivel socioeconómico son más propensas a tener peor salud. Por las condiciones en las que han vivido durante sus primeros años de vida, por un mayor estrés psicosocial o falta de apoyo colectivo, y por un menor acceso a los sistemas sanitarios, entre otras cuestiones.
La pandemia de covid-19 está confirmando este diagnóstico general. De ahí se deduce que proceder a un reparto más justo de lo riqueza acumulada es cuestión de salud pública, pero la UE no quiere en absoluto aplicar esta receta (eurobonos), prefiere comprar mascarillas, respiradores, epis y la vacuna, cuando exista, en un mercado absolutamente especulativo, y que lo pague quien pueda, que no es precisamente quien más lo necesita.