En Zaragoza, como en otras ciudades españolas, la marea de bicicletas y monopatines eléctricos inundan las calles. Esta fiebre de sostenibilidad, etiqueta de muchos, hace temblar la movilidad de un colectivo que reclama una normativa que respalde el uso responsable de las mismas.

Hablamos de personas ciegas como también personas con movilidad reducida, quienes en su afán de querer gozar de una autonomía al momento de desplazarse de un lugar a otro de la ciudad, deben lidiar con estos aparatos en muchos casos mal aparcados, o en otros casos tumbados a lo ancho de la acera (literalmente) por ser dejados así, o fruto de las rachas de viento, que como en el caso de Zaragoza alcanzan velocidades elevadas.

No se trata de que la integración de personas con discapacidad prime sobre la sostenibilidad,  que como todos bien sabemos es fundamental, sino que exista coherencia entre ambas. Más aún cuando en la mayoría de ayuntamientos es una prioridad la integración de los mencionados colectivos. Con lo cual es indispensable una regulación y normativa que avale estos vehículos en nuestras ciudades, al mismo tiempo de su puesta en marcha, y no como en el ejemplo de Zaragoza, que no exista a la fecha una regulación  vigente.