Desde que se iniciara la crisis allá por el año 2007, los ayuntamientos en su mayoría, en lugar de fijar adecuadamente los valores catastrales de los inmuebles a la circunstancia económica del momento, han actuado antagónicamente a la realidad del mercado inmobiliario durante todo este tiempo. Es decir, en lugar de bajar o mantener los valores en cada municipio según procediera, los han ido aumentando de manera que en muchos casos el valor catastral supera el valor real de mercado. Esta anomalía abusiva tiene varias consecuencias claras:
Entretodos
1. El importe elevado del recibo que pagamos por el IBI.
2. El impuesto de la plusvalía municipal (impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana) cuando se produce la trasmisión del inmueble por compraventa o herencia por el que se pagan cantidades verdaderamente desorbitadas a los ayuntamientos: 3.000, 6.000 y hasta 15.000 euros, como algún caso que conozco.
3. El precio real a determinar en las transmisiones, lo cual genera un serio problema ya que muchas operaciones son susceptibles de revisión por parte de la agencia tributaria correspondiente, cuando el valor de venta o hereditario es inferior al valor catastral elevado por el coeficiente corrector fijado para cada municipio.
Espero que la sentencia dictada recientemente por el Tribunal Constitucional, aunque se refiera a la norma foral tributaria de Guipúzcoa, acabe obligando a todos los ayuntamientos a subsanar esta aberración devolviendo a los ciudadanos las cantidades pagadas en exceso por los tributos municipales.