Las políticas de empleo de nuestro país desprecian una labor tan importante como la agrícola. Año tras año vemos cómo hay que traer a trabajadores extranjeros porque no se cubren las necesidades del campo, y todo por la poca demanda interna de este tipo de empleo.
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Parte de la culpa de este fenómeno se debe a la explotación a la que algunos empresarios agrícolas someten a sus propios trabajadores. Otra parte se la lleva la generosa prestación por desempleo y ahora que tenemos la renta mínima vital aún será más difícil cubrir puestos necesarios y recoger las cosechas de las que todos nos alimentamos.
Hasta ahora la Administración miraba para otro lado, pero viendo que muchos de estos trabajadores extranjeros han venido contagiados o se han contagiado de covid-19 por sus malas condiciones laborales, se debería intentar cubrir las necesidades de mano de obra en el campo con los miles de parados que cobran subsidios y ofrecer esos mismos puestos también a los que soliciten la renta básica.
No se trata de estigmatizar a los parados, pues la mayoría no están en esa situación por gusto, pero sí que habría que obligar, a quien pueda realizar estos tipos de trabajos, a no rechazar ofertas en el sector agrícola. Esta medida se tendría que acompañar de unos salarios decentes y una reestructuración de la cadena de productos de alimentación, para el agricultor pueda obtener precios justos, prohibiendo las operaciones especulativas y minimizando los intermediarios.
Dignificar el trabajo agrícola ayudará al campo y ayudará a reducir el paro.