La salud es lo primero y la legislación pone el derecho a la salud por delante de cualquier otro derecho humano. Es ilegal toda iniciativa que ponga en riesgo la salud, aunque sea con la excusa de buscar entre salud y educación un equilibrio que parece estar enfocado a que las escuelas sean canguros que permitan a los padres ir a trabajar y, así, servir a la economía más que a la educación.
Entretodos
Esto es lo que ocurre con las instrucciones que la Conselleria d'Educació dio el 30 de junio con grandes dosis de autobombo y una nula autocrítica que olvida la cruda realidad de las escuelas. Se empuja a niños y maestros a iniciar el curso sin respetar las medidas sanitarias (distancia, mascarilla), lo que es una contradicción injustificable con las medidas exigidas en otros sectores como el laboral.
Según los modelos matemáticos, un solo contagiado en un grupo de 25 niños puede transmitir el virus a casi 900 personas en dos días. En ese escenario, las clases deberían suspenderse inmediatamente en los llamados "grupos estables", concebidos solo para la trazabilidad de los muy probables contagios. Mientras tanto, más de un abuelo de los que acompañan a sus nietos a la escuela acabará en la uci o en el cementerio. El Govern debería contratar más maestros y crear espacios (y aprovechar otros espacios públicos) que permitan el desdoblamiento de grupos que, a su vez, posibilite el mantenimiento de la distancia de seguridad; y debería implantar una plataforma de educación a distancia en todas las escuelas y formar a los maestros para esta metodología de manera que se pueda realizar el curso semipresencialmente.
La Conselleria d'Educació debe respetar las medidas sanitarias poniendo los recursos necesarios para su cumplimiento a través de acuerdos con los agentes sociales: AFA y sindicatos de sanitarios y docentes. Si no se aplican los recursos necesarios, es mejor optar por la semipresencialidad o incluso mantener las escuelas cerradas que no generar una mortífera ola de contagios.