José Luis Escrivá Belmonte –el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones– ha considerado que todos los pensionistas que compatibilizamos nuestra pensión (del tamaño que sea) con una actividad profesional (con o sin ingresos) por cuenta propia incluida en una mutualidad alternativa al citado régimen especial, debemos cotizar unos euros extras, o sea, una cuota en calidad de solidaridad que, para el año 2021, se ha establecido en 85 euros al mes. Por lo tanto, este julio, mi pensión de exfuncionario ha menguado en 170 euros, ya que la aludida solidaridad obligatoria empezó a contar desde enero de 2021.
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Estoy absolutamente de acuerdo en que, en situaciones difíciles del país, todos los ciudadanos deberíamos contribuir de manera incondicional, sobre todo los más opulentos. Para empezar con todo eso, Escrivá ha metido la mano donde no debería. En España hay un gran número de personas (yo entre ellas) que toda la vida hemos sido trabajadores autónomos, y durante unos pocos años fuimos también funcionarios, cotizando siempre legalmente en ambos contextos. Por eso, al ser mi pensión de tan solo 465,88 euros al mes, he continuado ejerciendo como autónomo.
Yo no sé si los más de 6.000 euros que Escrivá cobra mensualmente como ministro han sido minorados este mes de julio como consecuencia de la cuota de solidaridad, pero de lo que sí estoy seguro es de que los 295,88 euros que la Seguridad Social me ha ingresado en julio son una verdadera injusticia.