Quienes vivimos en España entendemos que el 'problema de los okupas', término bastante odioso para designar la ocupación ilegal de inmuebles, es un tema más político que judicial.
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El derecho de los ciudadanos a una vivienda digna es esencial, pero la protección al propietario debe serlo también por parte de la Constitución y los mecanismos jurisprudenciales del Estado. La máxima democrática por excelencia de que los derechos de uno comienzan donde terminan los del otro debe prevalecer ante todo.
Sin embargo, nos seguimos quedando en las formas y no en el fondo; debates en el Congreso que no terminan de esclarecer el panorama de un flagelo cada vez mayor. Desde la Fiscalía General del Estado hablan de nuevos protocolos y medidas para reforzar a las fuerzas policiales para ejecutar 'desalojos inmediatos', pero realmente considero que si seguimos en las formas y no atacamos el problema de fondo, continuaremos incentivando una posible anarquía generalizada.