Esta pandemia ha sacado a relucir todo lo bueno y lo malo y no solo del ser humano, sino también de los partidos y sus políticos y de las instituciones públicas y privadas. Y una de las instituciones que ha quedado más dañada han sido las residencias para personas mayores, sobretodo aquellas que son atendidas por el sector privado y algunas con subvenciones públicas. Hemos observado como lo que prima, en muchas de estas instituciones, es la economía, por encima de la atención a las personas que atienden.

La pandemia solo ha sacado a flote lo que ya se sabía y por diversos motivos se tapaba o se hacía la vista para otro lado: muchas residencias, a costa de la dignidad de los usuarios e incluso de los profesionales que los atienden, priorizaban ganar dinero a la atención digna y al respeto laboral del profesional. ¿Saben que en algunas residencias, con más de 75 personas, que incluían a discapacitados, gente encamada, ancianos con enfermedades psíquicas y físicas, eran atendidas por un escaso número de profesionales y que por la noche ese número se reducía enormemente? ¿ Porqué nos rasgamos las vestimentas cuando observamos como el empresario paga sueldos irrisorios a sus profesiones, precariza su trabajo y les obliga a horarios indignos y casi esclavistas? Luego protestamos y gritamos.

El Estado debe velar por la dignidad de nuestros mayores y denunciar a todos aquelllos empresarios que solo buscan hacer negocio con una atención humillante e indigna a los mayores. Y sobretodo, el Estado debe sancionar y quitar las subvenciones a aquellos centros que ven la atención a los mayores únicamene como un negocio. Ademas de que el Estado debe poner más medios para que la atención sanitaria en estos centros sea mayor, para que no vuelvan a ser focos de muerte e indignidad humillante. Nuestros mayores se merecen una accin digna y con ello que se les reconozca todo lo que nos han dado.