Como consumidores, y una vez que hemos adquirido un producto, si los beneficios obtenidos son inferiores a los esperados, podemos pedir compensaciones a la empresa, emprender acciones legales o quejarnos ante organismos privados o públicos de defensa del consumidor. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con los programas electorales de los partidos políticos? Si lo que nos han prometido no se hace efectivo, o si han exagerado los atributos de su producto, ¿a quién podemos reclamar? ¿Quién nos devuelve el voto?. ¿No debería haber un Código Ético de Política, al igual que lo hay en la publicidad, que garantice la responsabilidad, la honestidad y la veracidad, la transparencia informativa y la profesionalidad política? Pese a que las personas decidimos más por las emociones, la magia y el entorno, que por la información; seguramente, habría menos votantes insatisfechos y una mayor salud democrática.
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