Se ha publicado estos días una noticia referente a las airadas protestas de los vecinos de Rubí por la instalación en esa ciudad de un macrocentro para menores migrantes. Ni las acusaciones de racismo, ni las de oportunidad política en época electoral pueden enmascarar una realidad: el sistema de protección de la infancia y la adolescencia, responsabilidad de la DGAIA no funciona.
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Es un sistema paternalista, que no ataja los problemas estructuralmente, que no centra su actividad en la prevención y sí en la intervención, siempre traumática para las familias. Un sistema cuestionado ya desde todos otros ámbitos: sindicatos, expertos, sentencias judiciales demoledoras, entidades, parlamentarios, medios de comunicación, familias afectadas... Es, además, poco receptivo con las críticas, y así es muy difícil que evolucione.
Necesitamos urgentemente la reforma de este sistema, que la Administración y sus responsables dejen de mirar para otro lado y hagan las reformas que muchos hemos puesto encima de la mesa. Las cosas se pueden hacer de otra manera, pero para ello es necesaria más humildad y más diálogo. Y en este proceso los ciudadanos no somos enemigos, deberíamos ser aliados.