Van a 'llover millones' para poder atender a las personas con problemas de salud mental. Perfecto, ya era hora de que intentaran equipararse a Europa. Aunque ha surgido un 'pero' de enorme calibre y acerca del que nadie se da por aludido: le han dado mucho bombo y platillo a la nueva ley 8/2021 de 2 de junio que elimina la incapacitación judicial, la tutela y la patria potestad prorrogada de las personas con discapacidad, tan solicitada desde algunos ámbitos pero que ha dejado sin protección real a una cantidad ingente de personas.

La modificación judicial de capacidad establece como única figura de protección la del asistente y reconoce que a partir de los 18 años la persona con discapacidad puede decidir completamente siguiendo la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad de 3-5-2008, como: "Promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad y promover el respeto de su dignidad", "Potenciar que puedan vivir independientes [...] adoptando las medidas necesarias para respetar y que puedan ejercer, como las personas capacitadas, su autonomía de la voluntad". Actualmente las sentencias dicen "deberá tener en cuenta la voluntad, los deseos y las preferencias de... a fin de darle soporte y apoyo teniendo en cuenta sus necesidades y en los siguientes ámbitos". A partir de ello ¿cuántos problemas se van a eternizar para los enfermos mentales que no se sienten enfermos como tales? En los intentos de suicidio, ¿va a haber tan solo buenas palabras de consuelo o se va a poder intervenir? ¿Qué puede hacer un asistente de una fundación si la persona a quien ha de asistir no le deja, le insulta, etcétera? La Policía, jueces... ¿van a saber que esa persona tiene una sentencia donde se reflejan sus problemas y lo tratarán adecuadamente? ¿Y cómo se evitarán las estafas si los enfermos quedan convencidos de que lo que creen o les dicen es cierto? ¿Alguien lo puede explicar?