¿Es deseable un pacto de rentas?

La idea del pacto de rentas es algo excepcional, que aparece en momentos en los que es necesario un acuerdo entre los agentes sociales (patronal y sindicatos) impulsado por el Gobierno, para poner solución a una situación concreta, como es en esta ocasión la elevada inflación. El objetivo del pacto de rentas sería evitar una espiral de precios y salarios que tendería a enquistar la inflación, lo que supondría un lastre difícil de superar para la recuperación económica de España. La primera institución europea que puso encima de la mesa la necesidad de un pacto de rentas fue el BCE. El Banco de España, a través de su Gobernador, Pablo Hernández de Cos, abonó la idea. Hacer de la necesidad virtud Pedro Aznar. Profesor de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade Viendo las dificultades que sufren las familias españolas parece mentira que, en febrero de 2021, la tasa de inflación fuese tan solo del 1,3%. Desde entonces, asistimos a un incremento de los precios que nos ha llevado a tasas no vistas hace 40 años. Tanto en julio como en agosto la tasa de inflación superó los temidos dos dígitos, 10,8% y 10,5%. La inflación, causada en un primer momento por los aumentos del precio del gas, la electricidad y la incertidumbre en Ucrania, ya se ha trasladado a la inflación subyacente, aquella que no considera ni energía ni alimentos no elaborados. La escalada de precios es innegable. En mayo de 2021 la inflación subyacente era del 0,2% y hoy del 6,4%. Una primera conclusión es que los aumentos de costes que afectan a las materias primas y a la energía que usan las empresas se trasladan, en mayor o menor medida, a aumentos de precios, de forma que las subidas de los mismos se extienden como una mancha de petróleo en un océano. El Banco Central Europeo, responsable de la estabilidad de precios, ha decidido -posiblemente sin más opciones, viendo la política de tipos en EEUU-, aumentar el tipo de interés. El Euribor se situaba en septiembre de hace un año en el -0,492% -quién no recuerda los tipos negativos- para situarse hoy en 1,893% de media (y queda medio septiembre por delante). El cóctel de inflación elevada y aumentos de tipos de interés implica un menor poder adquisitivo, menos compras por parte de las familias, y esa menor demanda interna puede llevar a la recesión, bastante probable, y a una ralentización de la creación de empleo. El contexto descrito es negativo, y por ello muchas voces se han sumado, desde diferentes posiciones políticas, a reclamar lo que se conoce como un pacto de rentas. ¿Qué es un pacto de rentas? ¿Es una buena medida? En esencia, un pacto de rentas es un gran acuerdo social, un acuerdo por parte de empresas, trabajadores y Gobierno, en el que se reconoce como inevitable que pagar más por determinadas importaciones (petróleo, gas, electricidad o alimentos básicos) nos lleva a ser más pobres. Se trata de repartir esa pérdida de poder adquisitivo de una forma más justa, y no en base a la ley del más fuerte. Un pacto de rentas incluye moderación salarial, por ejemplo, aceptando subidas salariales vinculadas a la inflación subyacente, y no al IPC (más volátil), también el compromiso de las empresas de moderar el crecimiento de precios y aceptar que los márgenes deben reducirse, y suele incluir, a cambio de aceptar la pérdida de poder adquisitivo, un compromiso de mantenimiento de empleo, que dé estabilidad a los hogares. Si todo el mundo modera sus expectativas de aumento de rentas, el pacto contribuye a la moderación de la inflación. Con una inflación más controlada, si lo hacemos mejor que nuestros vecinos, aumenta también nuestra competitividad exterior. Las virtudes del pacto de rentas son claras, sus dificultades están a la vista. Me gustaría destacar algunos elementos a considerar en la definición de un posible pacto. Por un lado, la situación asimétrica de rentas: este pasado junio se publicó la encuesta de estructura salarial, para 2020. El 50% de los trabajadores españoles obtiene una renta anual inferior a 20.920,12 euros; y el salario medio anual de los hombres es superior al de las mujeres en más de 5.000 euros. Cerca del 12% de los hombres cobra el Salario Mínimo Interprofesional; para las mujeres esa proporción supera el 25%. Exijamos sacrificios, pero teniendo en cuenta el punto de partida. Evitemos en el debate caricaturizar a la empresa como un agente económico solo preocupado por la obtención del beneficio. Sin duda, hay sectores que se benefician de la coyuntura actual y el debate sobre su contribución impositiva es interesante, pero hay que conocer la realidad del tejido empresarial español. Por cada gran empresa existen casi 260 con una plantilla inferior a los 250 empleados, empresas que han sufrido las consecuencias de la crisis 2008, de la pandemia y ahora del aumento de costes. En muchos sectores, la rentabilidad que obtienen las empresas pone en peligro su pervivencia y también el empleo. Un pacto de rentas justo también debe contemplar que la capacidad de contener márgenes y de mantener empleo también difiere entre sectores; pidamos más sacrificio al que más puede. Y, finalmente, el Gobierno también debe contribuir. El aumento de precios tiene una repercusión directa en un aumento de la carga tributaria; si el precio sube, la recaudación por IVA se dispara. El Gobierno puede contribuir al pacto de rentas distribuyendo esos ingresos fiscales extras, no entre todos, pero sí entre aquellos que más lo necesitan. ¿Es el pacto de rentas una buena medida? Sin duda, ¿y cuál es su ingrediente básico? La generosidad. Como decía Aristóteles, de todas las variedades de virtud, es la más estimada. El ejemplo de los Pactos de la Moncloa Martí Parellada. Catedrático emérito de la UB y presidente del Instituto de Economía de Barcelona El próximo 25 de octubre se cumplirán los 45 años de la firma de los Pactos de la Moncloa. Este hecho, sin duda muy relevante en la historia económica reciente de España, coincide en el tiempo con una coyuntura económica que reclama, por parte del Gobierno y los agentes sociales, la necesidad de articular un pacto de rentas que limite los efectos perniciosos del círculo vicioso: incremento de precios, incremento de salarios y nuevos incrementos de precios. A pesar de la coincidencia entre un periodo y otro de la importancia de controlar la inflación y del papel del coste de la energía, como una de las causas más relevantes que explican la inflación pasada y presente, las diferencias son abismales. Los Pactos de la Moncloa se firmaron poco tiempo después de las primeras elecciones generales democráticas que se realizaron en España, después de la muerte del dictador. Dichas elecciones configuraron una legislatura que tuvo como objetivo principal la redacción de la Constitución y que culminó con su aprobación el año 1978. Era por esta razón, y también por la necesidad de culminar de la mejor manera posible el proceso de transición a la democracia en España, lo que facilitó que, en octubre del año 1977, la práctica totalidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso firmaran los Pactos de la Moncloa. ¿Es esta la situación actual? Es obvio que hoy la sociedad española está muy lejos de la de la segunda mitad de los años setenta, básicamente porque la democracia está consolidada y porque la pertenencia a la Unión Europea ha ayudado a anclar los valores democráticos en España. En este contexto, el Congreso, con sus mayorías parlamentarias, es suficiente para hacer frente a las consecuencias de la situación económica actual, entre otras cosas porque a pesar de la imagen de enfrentamiento que ofrecen los dos grandes partidos políticos españoles no hay que dejar de tener presente que no son pocas las iniciativas legislativas que se han aprobado por ambos. ¿Sería conveniente hacer frente a la a la actual situación económica con medidas que recogieran el acuerdo de mayorías parlamentarias lo más extensas posibles o por parte de los agentes sociales? Sí, sin duda. Hay una razón relevante. La causa directa de los niveles actuales de inflación no es la guerra de Ucrania en sí misma, sino las medidas que se han aprobado, por parte de los países occidentales, para penalizar a la economía rusa. En particular, las restricciones comerciales y financieras y las que afectan al suministro de productos energéticos rusos, todas ellas con un impacto relevante en Europa, debido a su elevada dependencia energética de Rusia. Los valores que Europa y los países occidentales intentan reflejar con la aplicación de dichas medidas son valores compartidos por la inmensa mayoría de las fuerzas parlamentarias en España y, si esto es así, ¿no sería deseable que las mismas fuerzas parlamentarias y las organizaciones sociales intentasen reflejar este consenso en la elaboración de todas aquellas medidas que tienen como objetivo paliar los efectos indirectos que causan en la sociedad española? Es en este contexto donde emerge la necesidad de avanzar hacia un pacto de rentas entre los agentes sociales. El pacto de rentas, como ha señalado el Banco de España, requiere que las organizaciones sindicales acepten que los salarios tengan un crecimiento inferior a la inflación y que los empresarios no trasladen todo el incremento de sus costes a los precios finales de sus productos. También sería lógico que dichos principios se trasladaran a los trabajadores públicos y las pensiones, lo que requeriría extender el acuerdo entre agentes sociales a un acuerdo entre grupos parlamentarios que son, en fin, quienes deberían aprobar estas últimas medidas en el marco del debate presupuestario. Si la agresión rusa a Ucrania se alarga en el tiempo y, en consecuencia, se mantienen las sanciones occidentales a Rusia, la necesidad del pacto de rentas y el acuerdo político subsecuente serán más necesarios. A todo ello hay que añadir los efectos del incremento de tipos de interés que está llevando a cabo el BCE, con el objetivo de reducir la inflación y que, como es lógico, ralentizará el crecimiento económico de los países de la zona euro. Hacer frente a dicha situación va a requerir, por parte del Gobierno, la definición de un itinerario, para recobrar el equilibrio presupuestario y reducir la deuda pública, que sea compatible con las condiciones que puedan imponer el BCE y la UE. Sería deseable que este desafío fuese compartido por la gran mayoría de los grupos parlamentarios y por los agentes sociales. ¡Si el ejemplo de los pactos de la Moncloa ayuda a este objetivo, bienvenido sea!

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