El 1 de abril, España implementó una política extraordinaria, a saber, un subsidio de 20 céntimos por litro a vehículos de motor para aliviar a los consumidores y empresas de la carga de pagar los altos precios del combustible. Después de dos meses, el Gobierno español decidió prorrogar este subsidio temporal hasta finales de septiembre. Esta decisión costará a los contribuyentes españoles al menos 1.500 millones de euros. Si bien esta política puede parecer una respuesta razonable al fuerte aumento de los precios de la gasolina y el diésel, la verdad es que genera impactos climáticos, sociales y económicos no deseados. Esta política invierte en un sistema energético obsoleto que contamina nuestras ciudades y contribuye al cambio climático. No estamos solos en nuestra crítica: incluso el Banco Central de España cuestiona la eficacia y equidad de la subvención.