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El total de estudiantes matriculados en el Sistema Universitario Español (SUE) en el curso 2020-2021 fue de 1.679.518. Los estudiantes de Grado y Ciclo representaron el 79,8% del total, los de Máster el 14,7% y los de Doctorado el 5,3%. Tanto en Grado y Ciclo como en Máster se registró un aumento respecto al curso anterior. Por el contrario, el número de estudiantes matriculados en Doctorado descendió en 2.172 alumnos. El 79,4% de los estudiantes estaban matriculados en universidades públicas. Los estudiantes en universidades no presenciales representaban un 21% del total. Las mujeres representaban el 56% del total de estudiantes matriculados en estudios de Grado y Ciclo. El ámbito con el mayor porcentaje de mujeres fue el de la Educación, con un 77,8% del total. En Ingeniería y construcción y en Informática, eran los hombres lo que acumularon mayor porcentaje con el 70,5% y 85,8% respectivamente. Los ámbitos con mayor equidad en el número de matriculados atendiendo al sexo fueron los de Negocios, Administración y Derecho, Ciencias y Agricultura, Ganadería y Veterinaria. Desigualdad en el acceso a la educación superior Helena Troiano. Profesora del Departamento de Sociología de la UAB y miembro del Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) Desde los años 70 hemos asistido a un crecimiento sin precedentes del sistema universitario. El aumento de estudiantes se ha mantenido de forma sostenida, pasando de 337.052 universitarios en España en 1970 a 1.554.972 en 2001. No es hasta la primera década de los 2000 que vemos cómo la afluencia de estudiantes en la universidad se vincula con los ciclos económicos, de forma que, como en la mayoría de los países, las crisis económicas hacen que se incremente el acceso, mientras que los periodos de bonanza apartan a una parte de los jóvenes de los estudios universitarios. La excepción a esta tendencia la representan, por un lado, las universidades privadas, a las que la expansión económica favorece con más estudiantes y, de la otra, tal como nos explica el profesor Jorge Calero, los jóvenes en riesgo de exclusión, que en época de crisis son los únicos que en España no incrementan la tasa de acceso a la universidad. Porque, efectivamente, el acceso es desigual. Si atendemos al origen social, al menos desde 2005 y hasta 2017 en Catalunya, se observa un acceso de entre el 80 y el 90% para los hijos e hijas de universitarios, mientras que solo es del 40% para las personas con progenitores con estudios secundarios posobligatorios, y del 25% para quien los tiene con un máximo de estudios obligatorios. Las diferencias son muy, muy grandes, y también se ven reflejadas en el tipo de estudios que eligen, puesto que las personas de origen social más bajo presentan mayor tendencia a evitar los estudios que son más difíciles de completar, como por ejemplo los que tienen una duración prevista más larga, con tasa de rendimiento más baja, dobles titulaciones, en inglés, etc. Aparte de por origen social, es muy conocida la diferencia por el menor acceso de los hombres, excepto en las áreas técnicas, y la exigua proporción de estudiantes con progenitores extranjeros, aunque va subiendo despacio. En la segunda década de este siglo hay un descenso del acceso por parte de estudiantes mayores de 25 años, mientras que el acceso desde los Ciclos Formativos de Grado Superior se ve incrementado, siguiendo la estela del gran crecimiento que experimenta la formación profesional. En la época reciente más próxima, el año de confinamiento por pandemia y posteriores, sabemos que ha habido un incremento de acceso de gente joven en la universidad. Lo que todavía no se ha podido calcular es la tasa de acceso en función del nivel de estudios de los progenitores, de forma que no sabemos la repercusión directa sobre la desigualdad, aunque, vista su persistencia en años anteriores, no corresponde ser muy optimista. ¿Cómo se llega a esta situación de acceso tan desigual? En primer lugar, muchas personas jóvenes ya no alcanzan a estar en disposición de entrar en la universidad porque se han quedado por el camino. El origen social, lo sabemos de sobra, se ve reflejado en las diferencias de resultados a lo largo de todas las etapas escolares. En segundo lugar, sucede que muchos estudiantes de origen social medio y bajo son bastante más prudentes que los de origen social alto en sus elecciones educativas. Concretamente, se deciden por vías de estudio más seguras, como las opciones de formación profesional, cuando no han tenido buen rendimiento en la secundaria, o eligiendo estudios universitarios con mayores posibilidades de acabarlos y obtener el título. Siguiendo estas estrategias, los estudiantes intentan controlar el riesgo que asumen, lo hacen procurando asegurarse de que disponen de suficientes capacidades como para afrontar posibles problemas. Los problemas a los que eventualmente los estudiantes tendrían que hacer frente son de carácter diverso. Por ejemplo, se pueden topar con dificultades económicas por la poca disponibilidad de recursos; a menudo los estudiantes responden trabajando, si es que el tipo de estudios que cursan se lo permite. O también puede ser que se encuentren con que los estudios no responden a sus expectativas, que no les gustan, y entonces la opción de volverlo a probar accediendo a otros no es tan clara como para los compañeros de origen social más alto; así que no se pueden equivocar, tienen que acertarla a la primera. Pero las dificultades más insidiosas son las académicas. En sí mismas, las dificultades académicas son graves, porque suspender comporta frustración, alarga el tiempo, erosiona la legitimidad de estar estudiando en vez de trabajar, etc. Pero es que, además, en nuestro país las dificultades académicas van ligadas a dificultades económicas, porque implican la probable pérdida de beca y la recarga del precio de la asignatura que hay que repetir. Así, no es de extrañar que las personas que no disponen de red de salvamento en sus familias, por la falta de disponibilidad de recursos económicos, académicos, o de apoyo en general, rehúyan matricularse en estudios particularmente difíciles de completar. Sobreabundancia decretista Ricardo Rivero Ortega. Rector de la Universidad de Salamanca Unamuno decía que cuando era Rector se pasaba el tiempo intentando hacer cumplir las normas que no se respetaban, llamaba la atención a los catedráticos que se marchaban de vacaciones antes de tiempo y exigía a todos los responsables educativos (del ministro a los maestros) que atendieran sus obligaciones. Un grado de coherencia tan intenso le debió costar algún que otro encontronazo, pero no es mal ejemplo en un tiempo de voluntades frágiles y escurridizas. Francisco Giner de los Ríos, otro gran intelectual, afirmaba que por fortuna no se llevaban hasta el final todos los reglamentos y normativas universitarias, demasiado detalladas y farragosas para ser aplicadas. Hoy muchos colegas piensan lo mismo; consideran el sentido común preferible a la sobreabundancia decretista, mal creciente y tan dañino de la flexibilidad requerida para adaptarse a todo tipo de circunstancias. El Estado y las comunidades autónomas legislan sobre las universidades, doblando el número de normas vigentes. Por fortuna las instituciones comunitarias no lo hacen, pero sí le da gran importancia al presente y futuro rol de la educación superior. Por eso, la nueva estrategia europea de universidades propone incrementar la financiación, favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, promover la innovación en los campus y mantener el espíritu tolerante y crítico en las instituciones universitarias. También insiste en la formación a lo largo de toda la vida, la empleabilidad y la transferencia de resultados mediante la relación Universidad-empresa. El anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario (LOSU) parece compartir varios de estos objetivos, pero aun así ha logrado generar insatisfacción mayoritaria en la Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE) y diversos sectores de la comunidad académica. ¿Por qué sucede esto si mejora las versiones anteriores de la etapa ministerial de Manuel Castells? En mi opinión, por el mantenimiento de algunas de las opciones de su antecesor. También porque los procesos de reforma estatutaria que requeriría su desarrollo retraen el ánimo de quienes prefieren otras prioridades más inteligentes para invertir su tiempo y energías. La LOSU no entusiasma a casi nadie, lo que por cierto ocurre con demasiadas iniciativas. ¿Necesita entonces la Universidad una nueva ley? Además de incurrir una y otra vez en el viejo error de querer cambiar la sociedad a golpe de boletín oficial, se esquiva la realidad de las peticiones concretas que acucian a los gestores: el relevo generacional de las plantillas, la multitarea agobiante de los docentes/investigadores/ gestores, el futuro laboral de los estudiantes y su formación integral como ciudadanos. Todo ello puede orientarse por vía normativa o a través de otras políticas públicas mucho más concretas. Una nueva ley siempre requiere esfuerzos de adaptación, así que no convencer a aquellos que deben hacerlos es un error de planteamiento que puede frustrar muchos meses de trabajo. Nuestras instituciones de educación superior, tras la pandemia, piden tiempo y calma para poder estudiar, investigar, dar las clases y formar a los jóvenes como siempre han hecho. La Universidad española quiere recibir a cientos de miles de estudiantes de otros países para enriquecer su experiencia y proyectar una excelente imagen del país; quienes pasan sus jornadas en los laboratorios demandan estabilidad en los proyectos y horizonte de al menos medio plazo para sus equipos; el gobierno universitario está cansado de acumular reglamento tras reglamento con poco efecto positivo de transformación. La autonomía universitaria no es un privilegio de los rectores, ni de los claustros de profesores, estudiantes o personal. Más bien es una palanca para crear saber, cultivar la ciencia y poder expresarse con plena libertad sobre la evidencia y lo cierto. Por esta razón, toda sociedad del conocimiento culta y avanzada necesita la Universidad. Las libertades de pensamiento y creación científica siempre han encontrado en las aulas y laboratorios universitarios su lugar natural. El espacio por antonomasia de reunión cosmopolita, la avanzada del cambio social, de la superación de los prejuicios y la comprensión de las nuevas realidades. La razón de ser de la Universidad es la ampliación de las capacidades humanas, en cada persona y en las sociedades. Todo aquello que sirva para incrementar nuestras posibilidades cognitivas concierne a la educación superior, cuyo lugar institucional por excelencia son las universidades. El sustantivo 'universidad' debería reservarse para las comunidades académicas donde se crea saber, se hace ciencia y se difunde para producir progreso. Allí donde solo se venden títulos académicos con fines de lucro, no se puede hablar de espíritu universitario. Tampoco las organizaciones carentes de programas de investigación o formación de doctorado merecen tal nombre. La Universidad ha de ser, también, el oasis del pensamiento crítico, la libertad de opinión, el pluralismo y la diversidad. Toda falta de respeto a la dignidad humana requiere de los campus universitarios que expresen su espíritu tolerante y en favor de todos los derechos humanos. Nuestro compromiso social con el entorno es asimismo requisito necesario del buen hacer universitario, en favor de la sostenibilidad, la equidad y la inclusión. Este es el futuro de la Universidad, un invento genial de la civilización europea en la versión más extendida por todo el mundo, desde hace ya más de ocho siglos en España.

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