¿Tiempos para bajar impuestos?

El plan de choque del PP plantea una bajada de impuestos de hasta 15.000 millones de euros, que incluiría la utilización de 5.000 millones de fondos europeos como incentivos fiscales. La rebaja sería temporal, en principio un año, y se centra en las rentas medias y bajas. Los populares sostienen que hay margen para hacerlo y que se puede sufragar con el aumento de la recaudación que se está produciendo respecto a las previsiones. Los empresarios apoyan la propuesta, pero el Gobierno la rechaza de plano. Sería, dijo la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como echar leña al fuego de la inflación. Otros muchos economistas abonan esta idea. La piedra filosofal de la fiscalidad Joan Miquel Piqué. Profesor de Economía de Eada Business School Es muy difícil encontrar a alguien a quien le guste pagar impuestos, aunque también es cierto que la mayoría entiende por qué los paga. Lo hacemos para no tener que preocuparnos por comprar cosas que nos daría mucho trabajo hacerlo individualmente (carreteras, aeropuertos, juzgados y cosas por el estilo). Y, por otro lado, naturalmente, pagamos tributos para garantizar que aquellos que no pueden cubrir sus necesidades básicas (salud, educación, ingresos mínimos, etc.), puedan contar con el apoyo de aquellos que sí pueden. Hasta aquí, no contamos nada nuevo. En todo caso, también es importante insistir en que cada país decide hasta qué punto quiere darle poder a sus instituciones para encargarse de todos esos servicios y de la política de redistribución. La ciudadanía lo entiende perfectamente. De hecho, el porcentaje de población que piensa que paga muchos impuestos (quizá quiere decir demasiados) no llega al 50%. Hace 30 años, en 1992, el porcentaje estaba cerca del 80%. Y en este sentido, sabemos que la presión fiscal en España es claramente inferior a la media de la Unión Europea (alrededor de cinco puntos menos, sobre el 35% del PIB), y también está claro que es notablemente superior a la de países como los EEUU o Australia (sobre el 25%), y solo algo más alta que en países como Canadá o el Reino Unido. Todos esos países funcionan, por supuesto. Lo que debemos decidir es qué modelo nos interesa más. En EEUU, por poner un ejemplo, una familia puede pagar fácilmente más de 2.000 euros mensuales por su seguro médico. Mensuales, sí, lo han leído bien. Y en ese mismo país, el coste anual de estudiar en una universidad como UCLA (Universidad de California, Los Ángeles) supera los 30.000 dólares para alguien que resida en California; y si es de otro estado, los costes superan los 60.000 dólares por curso. Solo algún dato más. España gasta unos 150.000 millones en pensiones, más de 80.000 en el sistema sanitario, y más de 55.000 en educación. En total, más de 250.000 millones de euros anuales en los tres pilares básicos de nuestro sistema público. Y los ingresos recaudados por la Administración central en 2021 no llegaron a los 225.000 millones. Los números son fáciles de calcular. Obviamente, se está gastando más de lo que se ingresa. La pregunta será, por tanto, si queremos o podemos bajar impuestos para mantener los servicios al nivel que decidan los ciudadanos. El argumento clásico de la curva de Laffer, que defendía las bajadas de impuestos como resorte para aumentar la recaudación, ha sido desmentido por economistas como John Kenneth Galbraith o el premio Nobel Paul Samuelson. Incluso ha sido desmentido por la realidad, por ejemplo bajo la presidencia de Ronald Reagan, en EEUU, o Margaret Thatcher, en el Reino Unido. Lo único que sucede siempre que bajan los impuestos es que aumentan los niveles de desigualdad; que los que tienen más acumulan más, y que la clase media sufre, cayendo a niveles inferiores. Y en eso, la Unión Europea -con Francia, Alemania y los países nórdicos al frente- se ha caracterizado a lo largo de los últimos 70 años por un modelo de Estado del bienestar con niveles de servicios públicos y de protección que parece que han funcionado razonablemente bien para mantener estabilizado el conjunto del sistema. Esto nos ha convertido en una sociedad que tolera niveles de riesgo muy inferiores a otras (por ejemplo, la estadounidense). Volviendo, pues, a la pregunta. Parece claro que si bajamos los impuestos no podremos mantener los servicios que tenemos, en el nivel que los queremos. Es una decisión que podemos tomar, por supuesto. Pero ahora mismo, en la situación geopolítica que vivimos, bajar los impuestos es más probable que provoque inflación que crecimiento económico. A algunos les iría mejor, y a muchos, peor. Si alguien consigue multiplicar los recursos disponibles para conseguir más y mejores resultados, adelante. Ya lo intentaron algunos hace un tiempo, si recordamos la Gran Recesión provocada por la crisis financiera de 2008. «Tenemos que hacer más con menos», nos decían. Llegaron los recortes, y lo que sucedió es que los servicios públicos empezaron a sufrir mucho. Y a la vista de lo vivido en los dos últimos años, parece que aún no se han podido recuperar de aquella sacudida de hace 15 años. Evidencias empíricas para un consenso político José María Durán Cabré. Profesor de la UB e investigador del Instituto de Economía de Barcelona En el ‘Libro blanco sobre la reforma tributaria’, publicado hace unas semanas por el comité de expertos fiscales, se realiza un diagnóstico del sistema tributario español y se analizan, de acuerdo con la resolución de la Secretaría de Estado que creó el comité, cuatro grandes bloques: fiscalidad ambiental, sociedades, digitalización y actividades emergentes, e imposición patrimonial. Esto ha dado lugar a un voluminoso informe de 786 páginas que contiene 118 propuestas concretas de reforma. En este artículo me gustaría destacar tres cuestiones de gran interés que me han llamado la atención y señalar una reflexión final. En primer lugar, respecto a la evolución en la recaudación del impuesto sobre sociedades. Cuando una sociedad obtiene beneficios, paga una parte, en general el 25%, en este impuesto. Ahora bien, cuando una sociedad incurre en pérdidas, no cobra un 25% de las mismas (lo que sería equivalente a un impuesto negativo), pero sí se le permite que esas pérdidas se utilicen para compensarse con beneficios futuros. La crisis financiera e inmobiliaria que empezó en 2008 provocó un volumen enorme de pérdidas que aún ahora las sociedades pueden utilizar para tributar menos en el futuro. En el libro blanco se ofrece, por primera vez, cierta información pública sobre el volumen de las bases negativas: su compensación representa en promedio 0,5 puntos porcentuales de PIB anual; la compensación afecta a todo tipo de entidades y es especialmente relevante entre las entidades de menor dimensión; y el importe total de bases negativas pendientes de compensar asciende a 575.000 millones (con datos hasta 2019, esto es, sin tener en cuenta el efecto de la pandemia), lo que multiplicado por el tipo efectivo promedio, 21,5%, da lugar a un coste recaudatorio potencial de 125.000 millones. Y no estamos hablando de un incentivo fiscal propiamente, sino de una medida que se introduce por un criterio de justicia para estimar mejor la capacidad económica que se grava de las empresas. ¡No es un regalo fiscal! Por consiguiente, la recaudación de sociedades difícilmente alcanzará el volumen que tenía antes de la crisis, fruto de un contexto económico que bien se puede calificar de excepcional. Lo atípico no es que la recaudación se sitúe algo por encima del 2% del PIB, sino que se situara por encima del 4%. En segundo lugar, el informe es muy prolijo en el análisis y en las propuestas relacionadas con la fiscalidad ambiental. Se plantea, por ejemplo, la igualación de la imposición del diésel con la de la gasolina; un aumento general de la fiscalidad de hidrocarburos; extender y armonizar la fiscalidad sobre ciertas emisiones de las grandes instalaciones industriales y ganaderas, o adoptar medidas de coordinación para mejorar la efectividad de los impuestos autonómicos sobre los daños medioambientales a las aguas. Algunas de estas medidas resultan de imposible aplicación en el contexto actual de incremento de los precios de los hidrocarburos, pero esto no significa que no deban tenerse presente cuando los mismos vuelvan a una cierta normalidad. Con la introducción de las medidas compensatorias que se consideren oportunas para los colectivos más afectados, que también se analizan en el libro, estas propuestas nos indican hacia dónde tenemos que ir si queremos avanzar hacia la descarbonización de la economía. Y, en tercer lugar, la importancia que en el estudio se le da a la imposición patrimonial y, en particular, a los impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones, a pesar de su escaso peso recaudatorio. Se aboga por mantener el primero, con la introducción de alguna mejora en cuanto a la valoración de determinados bienes, un mayor mínimo exento y una tarifa entre 0,5% y 1%. Y respecto a sucesiones, se defiende también un mínimo exento algo mayor con una tarifa más moderada, en particular en las transmisiones más frecuentes de padres a hijos, cuyos tipos impositivos oscilarían entre el 5% y el 15%. Estableciéndose, además, en ambos impuestos límites al actual poder normativo de las comunidades autónomas para que las propuestas anteriores no caigan finalmente en saco roto en función de la autonomía. Esto me lleva a destacar un elemento fundamental que en mi opinión debería tener una verdadera reforma fiscal: la necesidad de un amplio consenso político. Los impuestos no deben convertirse en una bandera a favor o en contra del otro, como con frecuencia ocurre. Lógicamente cada Gobierno puede subir o bajar los tipos e introducir o eliminar incentivos, pero es fundamental estimar el impacto de las medidas, y hacer un seguimiento de las mismas. Si acudimos a las evidencias empíricas, no solo serán mejores decisiones sino también será más fácil el necesario consenso político.

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