El test de inmunidad del CSIC: ¿Encabeza España un giro hacia la justicia pandémica?

Un test de inmunidad ante el covid, desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se puede comercializar a precio de coste en los países en desarrollo desde noviembre. Con este dispositivo se estrena la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los países de ingresos medianos y bajos puedan acceder a costosas tecnologías contra el coronavirus. Ese plan, llamado C-TAP (Covid 19 Technology Patent Pool), se activó en mayo de 2020. Las organizaciones que se adhieran renuncian a cobrar regalías por sus productos, cuando estos se comercializan en países en desarrollo. En teoría, nadie pierde y todos ganan. Esos países nunca podrían pagar por esos productos a sus fabricantes, que entonces no pierden dinero al renunciar a sus regalías. A la vez, todo el mundo se beneficia de un mejor control global de la pandemia. No obstante, ninguna empresa ni centro de investigación se ha adherido al C-TAP antes del CSIC. El Gobierno manifestó su respaldo a la iniciativa con la presencia de la ministra de Ciencia, Diana Morant, en el acto de la firma, el 23 de noviembre. La OMS confía en que otras organizaciones sigan los pasos del CSIC. La tecnología más valiosa para el C-TAP sería una vacuna. Eso tendría el potencial de compensar la escandalosa desigualdad global ante la inmunización que explica, al menos en parte, la emergencia de nuevas variantes. ¿Qué es el test del CSIC? Se trata de un test serológico de alta fiabilidad. No detecta el virus sino los anticuerpos. “Lo especial es que puede diferenciar entre inmunidad por infección y por vacunación”, explica Miguel Rodríguez Frade, investigador que participó en el desarrollo. “En países que disponen de pocas vacunas, eso permite usarlas bien, al distinguir entre quienes tienen anticuerpos y quienes no”, explica Javier Maira, jefe de estrategia comercial del CSIC, al mando de la operación. El test emplea muestras de sangre. El resultado se puede leer a ojo o con un lector (que proporciona más información). El CSIC lo licenció a una empresa de Salamanca, que lo ha comercializado sobre todo en España. Contrariamente a lo habitual, esa licencia no fue exclusiva. “Desde el inicio de la pandemia, teníamos claro que lo que desarrolláramos [en el CSIC] contra el covid debía llegar a la sociedad”, explica. Maira descubrió la opción del C-TAP durante un congreso, en una conversación con un representante del Medicines Patent Pool (MPP). Esa organización fue la pionera en conseguir antivirales asequibles contra el VIH para los países en desarrollo y es la encargada de poner en práctica la estrategia de la OMS. El CSIC concedió una licencia del kit al MPP y este lanzó una convocatoria a la cual podía presentarse cualquier empresa del mundo. Erika Dueña Loayza, responsable del proyecto en la OMS, asegura que ha habido respuestas desde el principio. Las empresas seleccionadas por la OMS y el MPP recibirán un proceso de transferencia del CSIC: o sea, material biológico y asesoramiento para fabricar el kit. La institución no cobrará regalías, siempre y cuando los test se comercialicen en países de ingresos bajos o medianos. Además, las empresas ajustarán su margen para que el precio final sea asequible. Maira estima que debería estar muy por debajo de los 40 euros que cuesta en España. Un hito “Es un hito emocionante y prometedor, también por su valor político y simbólico. Algo financiado con fondos públicos puede ser explotado para el bienestar global”, afirma Esteban Burrone, del MPP. “Esta licencia es muy importante: es la primera para el C-TAP y es importante que lo haga un instituto público europeo”, afirma Dueñas, de la OMS. “El Gobierno español ha manifestado un liderazgo que queremos ver en otros gobiernos, que han financiado vacunas y terapias”, afirma Ellen t’Hoen, abogada y activista médica, no implicada en el proceso. “Ha sido una de las mejores noticias: el C-TAP representa una manera distinta de hacer las cosas. Esperemos que más centros y tecnologías se sumen”, afirma Irene Bernal, de la organización activista Salud Por Derecho, tampoco implicada. El MPP consiguió, fuera del C-TAP, sendas licencias de antivirales de Merck y Pfizer, pero limitadas respectivamente a 105 y 95 países. La licencia del CSIC, al contrario, el global. Algunas empresas han accedido a acuerdos beneficiosos para países en desarrollo, pero por lo general son particulares y confidenciales, explica Burrone. ¿Para cuándo una vacuna? El MPP se declara preparado para hacer lo mismo con una vacuna. Aunque se trate de fármacos innovadores, la transferencia no debería ser tan difícil, según Bernal y t’Hoen, que estima que una buena empresa podría estar a punto para fabricar vacunas de RNA mensajero en tan sólo 6 semanas. No obstante, “las vacunas son tan rentables que las empresas quieren mantener el control y hacer todo el dinero que puedan. Sus accionistas les dicen que no licencien. Por ello los gobiernos tienen un papel importante a jugar”, afirma t’Hoen. El CSIC pretende poner a disposición del MPP otras tecnologías, incluyendo una posible vacuna, afirma Maira, que dice que el sistema podría extenderse a todas sus tecnologías sanitarias, incluso las no relacionadas con la pandemia. Por otra parte, Dueñas asegura que hay negociaciones en marcha con Bharat, una farmacéutica india que produce una vacuna contra el covid.

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