¿España sufrirá un auge de contaminación lumínica?

Un proyecto de Real Decreto sobre alumbrado exterior, actualmente en consulta pública, está disparando alarmas. La Sociedad Española de Astronomía (SEA) afirma que “carece de perspectiva ambiental, no favorece el ahorro y […] propiciará el incremento de la contaminación lumínica”. “Va a empeorar la situación en muchas zonas recónditas de nuestra geografía: si exportamos a los municipios pequeños el modelo hiperluminoso de la ciudad eso va a tener una interferencia enorme en el medio ambiente”, afirma Joaquín Baixeras, experto sobre el impacto de la luz en la biodiversidad, de la Universitat de València. “Tiene una orientación descaradamente industrial y no ambiental. Aunque la reducción de la contaminación lumínica es un objetivo expreso, nada hay dentro del texto que conduzca a ese resultado”, afirma Martin Pawley, de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío. Una regulación muy esperada La nueva regulación se esperaba desde hace años, porque la vigente (de 2008) se escribió antes de la revolución de las luces LED y porque muchas instalaciones son viejas en España. Un primer borrador, puesto a consulta en 2019, ya levantó críticas. La nueva versión ha enfurecido a algunos científicos. “En los últimos 25 años se han acumulado indicios cada vez más fuertes que la luz artificial de noche es contaminante. Los impactos son sobre la observación astronómica, sobre los ecosistemas y sobre la salud humana”, afirma David Galadí, de la SEA. Fenómenos como la reducción de los polinizadores o la desorientación de pardelas y tortugas son la punta del iceberg. Países como Australia, Chile o Reino Unido han llevado el asunto a su legislación. De hecho, el propio PSOE presentó hace unos días una propuesta no de ley sobre el tema. Más luz, más azul El proyecto plantea la iluminación de todas las glorietas y prohíbe el apagado nocturno de todas las luces exteriores (algo común, por ejemplo, en municipios franceses), o su atenuación por debajo de unos mínimos, a no ser que existan sistemas de detección de presencia. Según la SEA, eso llevará inevitablemente a iluminar sitios que ahora están oscuros y así aumentar la superficie iluminada. Aunque los LED son muy eficientes (consumen un 85% menos que las luces tradicionales), un exceso de iluminación aumentaría el consumo de energía. “Se deberían fijar máximos y no mínimos”, afirma Baixeras. El decreto también establece que la capacidad de distinguir colores bajo el alumbrado nocturno (“índice de reproducción cromática”) no puede bajar del 70% respecto al día, lo que se traduce en emplear luces con más componente azul, en lugar de las menos dañinas luces ámbar. Las luces ornamentales y festivas quedan al margen de las limitaciones y la salvaguarda de los observatorios astronómicos lleva la coletilla “cuando resulte factible”. “Los telescopios profesionales estarían amenazados si la ley pasa”, afirma Galadí. Los puntos de discrepancia • Seguridad “[La] limitación [de la contaminación lumínica] ha de mantener un equilibrio [con] la seguridad de las personas y de los bienes”, afirma una fuente del Ministerio de Industria, impulsor del decreto. “Hay más accidentes en las carreteras menos iluminadas. En las ciudades la iluminación puede ser más cálida, pero también hay que evitar accidentes”, afirma Alfredo Berges, director general de Anfalum (Asociación Española de Fabricantes de Iluminación), que valora positivamente el proyecto. “No hay ningún estudio que demuestre [la vinculación entre aumento de iluminación y seguridad]”, replica Galadí. • Límites globales El decreto fija límites a puntos de luz individuales pero no entra en el efecto conjunto de muchas instalaciones. La SEA exige limitaciones de carácter global al brillo artificial del cielo. “[La] base [del decreto] es el reglamento electrotécnico de baja tensión, los aspectos globales de contaminación ambiental están fuera de su alcance”, replica la fuente de Industria. “Con la luz estamos en un estado preambientalista -constata Galadí- se considera como un servicio público y no como un agente contaminante. Pero también el agua es un servicio público y sin embargo la ley tiene en cuenta el impacto de eliminar el agua sucia”. • Control El decreto encarga del control a las propias empresas instaladores. “Los posibles conflictos de interés se minimizan a través de los filtros administrativos y de acreditación”, afirma la fuente de Industria. “El responsable final es la administración. La ley es suficiente. Otra cosa es que comunidades y ayuntamientos, que tienen atribuida la inspección de mercado, a veces no la hagan bien”, afirma Berges. • Innovación “Las mejoras tecnológicas – como los LED ámbar y los sistemas de telemando y control - permiten que el negocio florezca, convirtiéndose en un factor de mejora del medio ambiente y no de empeoramiento”, afirma Galadí. “Gracias a la conectividad y a la digitalización se pueden regular encendidos, apagados, colores, niveles. Otra cosa es que una administración quiera invertir en ello”, concluye Berges.

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