Los impuestos que traerá la pospandemia

Preocupa la sostenibilidad de las finanzas públicas, muy maltrechas a consecuencia de la crisis del covid-19, y de ahí que sea necesario estudiar medidas porque, en el fondo, lo que está en juego el Estado del bienestar. Cambios habrá. Seguro. La cuestión es si estaremos ante una verdadera reforma fiscal o ante una maniobra cosmética. ¿Una nueva reforma fiscal? José María Durán Cabré. Profesor de la Universitat de Barcelona e Investigador del Instituto de Economía de Barcelona El Ministerio de Hacienda ha constituido un comité de expertos para la reforma fiscal con el objetivo, se nos dice, de analizar el sistema fiscal para mejorar su eficiencia, garantizar los recursos públicos y adaptarlo a los retos del siglo XXI. La pandemia está provocando un importante deterioro de las finanzas públicas españolas, cuyo déficit público se ha elevado hasta el 11% en 2020, frente al 2,8% del año anterior, y el nivel de deuda pública ha aumentado en un año casi 25 puntos, hasta situarse en el 120% del PIB. En este contexto es normal que preocupe la sostenibilidad de las finanzas públicas y que se estudie qué tipo de medidas habrá que ir tomando en el futuro porque, como decía Cristina Herrero, presidenta de la Airef, «en algún momento debemos volver a la estabilidad de las finanzas públicas para garantizar el Estado del bienestar». A continuación, vamos a analizar brevemente las áreas prioritarias señaladas desde el ministerio. La fiscalidad medioambiental en España apenas se ha utilizado ni como instrumento para corregir comportamientos contaminantes ni como medida para recaudar más, y su peso sobre la economía, el 1,8% del PIB, es en torno medio punto menos que en la media de la UE. Ha sido frecuente desde organismos internacionales recomendar un aumento en la imposición de las fuentes de energía más contaminantes, como el diésel, pero habría que analizar muy bien sobre qué grupos sociales y sectores económicos recaerían estas medidas, qué posibles medidas compensatorias se podrían introducir para atenuar su impacto y con qué gradualidad se deberían introducir. No se debe olvidar que el movimiento de los 'chalecos amarillos' francés, que surgió en 2018, tuvo su origen en un aumento de la fiscalidad del diésel. La imposición de las sociedades y de la denominada economía digitalizada constituyen otras dos áreas prioritarias. Son conocidas las dificultades que, en un mundo globalizado tienen los países a la hora de gravar a las grandes multinacionales. Los países compiten por atraer capital y la fiscalidad es una de las herramientas que utilizan, sobre todo el impuesto sobre sociedades. Las multinacionales que operan con una visión mundial, se aprovechan de estos tratamientos favorables y algunas abusan localizando sus beneficios de manera artificial en los países de menor o nula tributación. Además, las normas tradicionales de la fiscalidad internacional requieren de una presencia física en un territorio para tener que tributar en él, presencia que en el mundo digital muchas veces no es necesaria. Esto aún les facilita más a muchas empresas de este sector eludir la tributación de sus beneficios allá donde han sido generados. El diagnóstico de la situación es compartido, pero la solución solo se podrá alcanzar si existe una clara cooperación internacional entre países, como la OCDE está intentando desde hace años, que pasa también por actualizar las normas de la fiscalidad internacional. Las recientes reformas que el presidente americano, Joe Biden, ha anunciado parece que van en esta línea. Aumento del tipo impositivo del impuesto federal sobre sociedades del 21 al 28%; establecimiento de un tipo mínimo del 15% sobre los beneficios contables de las grandes multinacionales; y un acuerdo global para gravar a las grandes multinacionales en función de las ventas realizadas en cada país, una variable más difícil de distorsionar. De seguir adelante estas propuestas, estaríamos ante el cambio más importante en la imposición societaria de las últimas cuatro décadas. España tendrá que está atenta a lo que se acuerde internacionalmente. En este campo en especial, no resulta aconsejable ir por libre. La última área destacada es la armonización de la imposición patrimonial. El debate público se suele centrar en dos impuestos, distintos: el de patrimonio y el de sucesiones. Los dos comparten dos características: una recaudación muy baja, pero paradójicamente suelen centrar mucha atención. España es el único país de la UE que aplica el primero, y los estudios académicos coinciden en señalar su muy defectuosa configuración, al valorar los bienes de manera muy desigual y arbitraria según su naturaleza, y por las oportunidades de elusión fiscal que la propia normativa permite. La opinión mayoritaria en la academia ha abogado por su eliminación. La situación es diferente acerca del impuesto sobre sucesiones, donde la literatura académica suele defender su aplicación, y donde las importantes diferencias en la cuota a pagar entre autonomías difícilmente se entienden en un mismo país. Este último tema, en todo caso, enlaza con una cuestión que la comisión deberá tener muy presente, como es la importancia de que el sistema fiscal español se adapte a la realidad de un país fuertemente descentralizado donde, en coherencia, las comunidades autónomas deben aparecer ante sus ciudadanos como responsables de sus ingresos públicos. El día de la marmota Diana Ferrer. Profesora de Derecho Tributario de Esade Law School y directora de los Posgrados en Derecho Fiscal de Esade Unas semanas atrás, a punto de cenar en familia, escuché en la televisión una de las noticias del día: El Gobierno había encargado a 17 expertos una reforma sobre nuestro sistema tributario. No recuerdo qué cara debí poner, pero algo hizo que mi hijo mayor de 9 años me preguntara: «Mamá, ¿qué pasa? ¿qué dicen?». Sí recuerdo mi respuesta. «¿Recuerdas que mamá te dijo que lo que explica a sus alumnos en el colegio de mayores tiene que estudiarlo cada año porque va cambiando? Pues el curso próximo tendré que estudiar muchísimo más». No fue una respuesta completa, pero debió parecerle suficiente, no volvió a preguntar. Cambios habrá. Seguro. Pero ¿se tratará de una verdadera reforma que analice en profundidad las figuras tributarias que integran nuestro sistema impositivo o estaremos ante una maniobra cosmética con la que cada Gobierno quiere dejar su sello? Ya en 2014, Cristóbal Montoro encargó a una comisión de expertos la elaboración de un informe, que contenía 125 propuestas, muchas de las cuales no fueron incorporadas en nuestro texto legal. ¿Sucederá lo mismo esta vez? Lo cierto es que, aunque el Gobierno sea de distinto color, tienen algo en común: las conclusiones de ambos informes se presentan un año antes del periodo electoral. Y ya se sabe que los impuestos son un arma arrojadiza en campaña. A la memoria nos viene cómo el PSOE recuperó el impuesto sobre el patrimonio en 2011 que él mismo había eliminado en 2007. Pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. También Mariano Rajoy subió los impuestos cuando su promesa era justo la contraria. ¿Qué sucederá con esta reforma prometida? Que nadie espere milagros. La situación de la pandemia reclama un aumento del gasto público. Hay serias dudas respecto a la fortaleza del Estado del bienestar, y parece que se apostará por hacer un mayor esfuerzo en cuanto a políticas redistributivas. Negro sobre blanco la música suena bien, pero ¿cómo se aborda esta reforma? A modo de tormenta de ideas, entre otras reflexiones, disparo: 1. La crisis ha polarizado la sociedad, debilitando la clase media que es en la que recae una gran presión fiscal. A veces, menos es más. Menos creación de nuevos impuestos y más racionalización de los existentes. 2. Es imprescindible una buena labor de coordinación internacional y si cabe, cesión de soberanía fiscal por parte de los Estados con el objetivo de hacer tributar a los grandes grupos de empresas allí donde se genera el verdadero beneficio. Y más, en pleno proceso acelerado de digitalización de la economía. Especial importancia cobra aquí el impuesto sobre sociedades. 3. En cuanto al impuesto sobre sucesiones, ¿tiene sentido que salga mucho más barato fallecer en Madrid que en Catalunya o Baleares? Lo mismo sucede con el patrimonio, bonificado al 100% en Madrid y particularmente exigente en otros territorios. Sería bueno un aumento del límite de exención en el patrimonio, pues el márketing que acompaña a este tributo suele identificarlo erróneamente con contribuyentes con gran capacidad contributiva, pero la realidad es que, en muchas comunidades, las clases medias, con algo de 'cash' y una segunda residencia fruto de toda una vida de ahorro, ya alcanzan a tributar. Armonizar ambos impuestos para evitar el 'dumping' fiscal entre comunidades autónomas sería una reforma necesaria. 4. La reforma debería ser una buena oportunidad para reflexionar también sobre qué tipo de Agencia Tributaria queremos tener y qué relación debería tener con el ciudadano. Una agencia que es tecnológicamente de las más avanzadas de Europa, pero que el ciudadano medio no siente que esté a su servicio, sino todo lo contrario. Por otro lado, que Hacienda este año doble el 'bonus' de sus inspectores para intentar aumentar la recaudación en plena crisis, parece cuestionable. A su vez, que los 'bonu's de los inspectores no sufran absolutamente ninguna consecuencia cuando los tribunales fallan a favor del contribuyente, también invita a la reflexión. 5. Y ya por pedir, me encantaría ver una perspectiva de género también en la fiscalidad. Cierto es que la ley promulga la neutralidad, pero se observan sesgos de género en su aplicación. Inclusive desde la buena fe se parte de una mentalidad donde la mujer es en quien recae, en su mayoría, la crianza de los hijos y eso también se refleja en impuestos como el IRPF. Y como dicen, la esperanza es lo último que se pierde; así que de nuevo tenemos otra oportunidad para estudiar, modificar y mejorar nuestro sistema tributario. No la desaprovechemos.

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