Salud mental y jóvenes con problemas de conducta

“Nadie debería hipotecarse para poder seguir o recibir un tratamiento adecuado”. Así remata una carta dirigida a la sección Entre Todos la madre de un joven con graves problemas conductuales. Cristina Montseny, vecina del barrio de Badal, propone en su misiva “un acuerdo para que la salud mental no sea un negocio”, que los tratamientos privados que “actualmente cubren las carencias del sistema de salud pública” puedan tener una concertación económica para ayudar a las familias con menos recursos. Montseny ha llegado a pagar solo en tratamientos y medicamentos para sus dos hijos unos 400 euros al mes. Al mayor le diagnosticaron un TDAH cuando apenas tenía cinco años y al pequeño, dislexia y déficit de atención. Con los años, el diagnóstico fue cambiando, para mayor desesperación de la familia. Sin la ayuda de los abuelos, asegura, no habría podido ofrecerles la ayuda de un especialista a sus hijos. Su situación se ha complicado en los últimos años. El comportamiento del mayor, con brotes de agresividad, hace insostenible la convivencia. “El principal problema es que no admite que tiene un problema y solo hemos conseguido que hable una vez al mes por teléfono con un especialista del CSMA (Centro de Salud Mental). Y me temo que sirve de poco. Lleva tantos años con psicólogos que sabe qué decir, aparentar que está bien, pero en realidad no lo está”, cuenta esta madre preocupada por el presente y futuro de sus dos hijos en una sociedad que invisibiliza cuando no da la espalda a estas personas con trastornos graves de la conducta. Agresiones y adicciones Los episodios violentos últimamente son constantes. Cuando su hijo mayor pierde los nervios, algo que es cada vez más habitual, Montseny llama a Urgencias, que siempre acude con una patrulla de los Mossos. “Lo ingresan en el hospital unas horas, lo medican y cuando está más calmado lo envían a casa de nuevo. No cumple con los protocolos para permanecer ingresado”, explica la lectora, que se siente menos sola desde que descubrió la asociación Afatrac (Associació de familiars d’afectats per trastorns de conducta), creada en el 2016 por un grupo de familias con una problemática en casa similar. Cuando estas personas con trastornos graves de conducta provocados por diferentes causas (autismos, bipolaridad, síndromes alcohólicos fetales…) son mayores de edad, como es el caso del hijo conflictivo de Montseny, la situación se complica más si cabe. Sus progenitores no les pueden obligar a realizar ningún tratamiento y en caso de agresión física un juez suele proponer una orden de alejamiento, un sufrimiento y un peligro añadido para unos jóvenes totalmente dependientes de sus padres. En los pisos de apoyo que ofrece Benestar Social, basados en la gestión comunitaria, estos jóvenes, que además suelen consumir sustancias, no encajan porque son problemáticos. Algunos han acabado durmiendo en la calle y eso, obviamente, solo empeora las cosas. Eso le pasó al hijo de Muntsa Boix, presidenta y fundadora de Afatrac. “Representamos a más de 200 familias en Catalunya, y todos nuestros hijos tienen un perfil similar. Suelen ser preadolescentes o adolescentes que empiezan a comportarse de manera agresiva, con agresiones verbales y físicas, conductas sexuales promiscuas y en general ningún control de las emociones”, explica la fundadora de una asociación que tiene todas sus esperanzas depositadas en un programa, el Paicsamaec, acrónimo de ‘Programa de abordaje integral de los casos de salud mental y adicciones de elevada complejidad’. Tras una visita al Parlament en el 2016, la asociación que preside Boix arrancó una promesa a la entonces diputada Magda Casamitjana, que actualmente es la directora del programa, que depende del departamento de Salut de la Generalitat. La exdiputada explica a EL PERIÓDICO que este ambicioso programa ya tiene un modelo de atención definido por más de 300 profesionales y una hoja de ruta. Con todo, la implementación será gradual. Primero crearán grupos guías, equipos multidisciplinares (principalmente psiquiatras, trabajadores sociales y profesionales de enfermería), que darán una respuesta personalizada a estos jóvenes. “Ya tenemos el presupuesto para ponerlo en marcha y estos equipos nos ayudarán a hacer un diagnóstico, a tener un mapa de los casos más graves. Estas personas tienen un perfil muy difícil, no quieren ser ayudados, se autoexcluyen, y tenemos que ir a buscarlos y vincularlos a algún servicio”, explica Casamitjana. Habrá como mínimo un equipo en cada una de las regiones sanitarias catalanas. Estos equipos, llamados GUIA, se inspiran en parte en el trabajo que ya realizan en Badalona y Santa Coloma de Farners unos equipos clínicos especializados en casos de elevada complejidad a domicilio (ECID) coordinados con el departamento de Educación.

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