Los municipios costeros del Alt Empordà también estudian cómo se adaptarán a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para la apertura de las playas, que deja en manos de los ayuntamientos el control del aforo y la distancia social, tal y como informa el 'Diari de girona', periódico del grupo Prensa Ibérica. L'Escala, Sant Pere Pescador y Roses descartan sectorizar las playas y en el caso de Llançà todavía se está analizando si hacerlo en las más grandes (Canyelles, el Port y la Farella). Pero en los cuatro municipios se ve inviable hacer controles de acceso. Se apela a la responsabilidad de los bañistas y se prevé la contratación de agentes cívicos para hacer cumplir con el protocolo.
En el caso de Sant Pere Pescador, con cerca de siete kilómetros de playa, el alcalde, Agustín Badosa, considera que es suficientemente extensa para que no se produzcan aglomeraciones. Con estas dimensiones, Badosa asegura que no se ven capaces de controlar todos los accesos y que requeriría de una gran infraestructura y medios que lo hace "inviable". Por ello, apela a la "autorresponsabilidad de los usuarios" y recuerda que "nunca" han tenido problemas de saturación.
En una situación similar se encuentra Roses, que también goza de una gran extensión de playa. "Hacer un control de acceso significa cerrar toda la playa y evitar las aglomeraciones en el punto de entrada. Lo vemos inviable", dice la alcaldesa, Montse Mindan, que asegura que con la capacidad de playa de que disponen no les habrá que regular el acceso y que "cabe todo el mundo". Se instalarán carteles, se contratará personal y se intensificará la limpieza tanto en la arena como los elementos que conforman la playa (pasarelas y duchas). Todo ello superaría los 300.000 euros, según ha explicado la alcaldesa. "La playa es un elemento básico para nuestro turismo", argumenta.
En L'Escala califican "de auténtica barbaridad" que controlar las playas con la actual plantilla de la Policía Local. "No podemos tener un agente en cada playa", dice el alcalde, Víctor Puga, quien considera que intentar regular la entrada y salida de bañistas sería como poner "puertas al campo". El ayuntamiento está ultimando un protocolo de actuación, así como la contratación de una decena de agentes cívicos para hacer cumplir la distancia de seguridad. Además, también se instalarán paneles informativos en las playas donde se recordarán las recomendaciones a los bañistas. Puga calcula que todo ello tendrá un sobrecoste de unos 70.000 euros.
Las playas son el principal potencial turístico de la zona, tal como recuerda el alcalde de Llançà, Francesc Guisset, y es por eso que los municipios de litoral ampurdanés en combinarán el uso lúdico con el cumplimiento de las garantías de seguridad y salud. En Llançà están todavía estudiando si dividirán en parcelas las playas de Canyelles, el Port y la Farella, que son las tres más extensas que tiene el municipio. El resto son pequeñas calas donde el cumplimiento de las medidas recaerá sobre todo en la responsabilidad de los usuarios. "Poco podemos hacer más allá de instalar señales recordando las prevenciones", asegura Guisset, y recuerda que considera que "es una cuestión de seguridad personal y colectiva". "Si la gente se toma demasiado libertades, podemos volver a la fase 0", alerta.
Si el lunes la región sanitaria de Girona pasara a la fase 2, las playas quedarían abiertas pero aún así los municipios creen que hasta que no se permita la movilidad entre provincias (o regiones sanitarias) y se abra la frontera, la afluencia será residual. Confían en que para cuando llegue el grueso importante de visitantes ya dispongan de todas las medidas preventivas que ahora están preparando, es decir, cuando todo el país alcance la fase 3 del proceso de desescalada a finales de junio.