Las elecciones catalanas congelan las relaciones del Gobierno con ERC y Junts

Ni reuniones en Ginebra con Junts ni mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Pedro Sánchez ha pactado con las formaciones independentistas un paréntesis en su relación hasta después de las elecciones catalanas del 12 de mayo. La suspensión de los diferentes espacios de negociación comprometidos con Junts y ERC va en la misma línea de la renuncia a presentar Presupuestos. Por un lado, obedece a la tendencia de todos los partidos a abrazar posiciones de máximos en el contexto electoral. Por otro, mantiene el juego de equilibrios al que se ve obligado el Gobierno ante la espiral competitiva entre posconvergentes y republicanos para rentabilizar sus negociaciones. No se hará “nada que unos u otros puedan aprovechar electoralmente”, justifican fuentes de la Moncloa. La pugna permanente entre ERC y Junts tiene una de sus principales expresiones en las mesas de negociación, reprochándose mutuamente ambas formaciones la rentabilidad de sus estrategias. “¿Cuántas veces ha fallado la mesa de diálogo?”, se preguntaba Carles Puigdemont este jueves durante la presentación de su candidatura a los comicios, para contraponer su estrategia con un mediador internacional. Frente a ello, en el comunicado del viernes para explicar la decisión conjunta de PSOE y ERC de no celebrar este espacio entre gobiernos hasta después del 12-M, se aludía a una mesa de negociación preparatoria que “cuenta con un mecanismo internacional” para “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación”. Con los partidos ya en precampaña, la pugna se acentúa y el Ejecutivo seguirá dependiendo tanto de republicanos como de posconvergentes tras el 12M para mantener la estabilidad de la legislatura. La Moncloa observa con inquietud las posibles repercusiones de la cercana cita con las urnas. Las expectativas depositadas en el resultado del candidato del PSC, Salvador Illa, son altas: los colaboradores de Sánchez confían en que esta vez no solo gane en votos, como ocurrió en 2021, sino también en escaños, y que las formaciones independentistas no sumen mayoría, acercando la llegada del socialista al Palau de la Generalitat. Pero un desenlace de este tipo, reconocen las mismas fuentes, también puede provocar que ERC y Junts tengan menos incentivos a la hora de pactar con el Gobierno central.´ Y al mismo tiempo, si republicanos y posconvergentes logran llegar con la CUP a la mitad más uno de los escaños en el Parlament, una parte muy importante del relato de Sánchez para justificar su política de “diálogo” quedaría dañada, porque el jefe del Ejecutivo siempre mantiene que gracias a sus iniciativas en este campo (indultos, derogación de la sedición, mesa de diálogo y amnistía) el independentismo catalán tiene cada vez menos adeptos. Escasa actividad legislativa En cualquier caso, si la discreción en las negociaciones ya fue una máxima desde el primer acuerdo para elegir la presidencia del Congreso, y desde entonces se ha mantenido esta constante, en periodo electoral se optará por aparcar cualquier reunión física o acuerdo que pueda generar interferencias. Una decisión que protege a Illa, pero deja la legislatura en modo pausa. La actividad legislativa quedará muy limitada, reduciéndose a iniciativas que sorteen la pugna entre Junts y ERC. Por ejemplo, la ley de paridad y la de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Mientras tanto, quedarán en el cajón algunas de las medidas pactadas con estas formaciones para desarrollar a corto plazo, como la ley de sociedades de capital para favorecer el retorno a Cataluña de las empresas que salieron por el ‘procés’ o la norma para ceder las competencias de inmigración a la Generalitat, que el PSOE y Junts preveían presentar conjuntamente. Pese a todo, tanto en el grupo parlamentario socialista como el Gobierno trasladan que no desaparecerá del todo su capacidad legislativa hasta que se resuelva el escenario de la gobernabilidad en Cataluña tras las elecciones del 12 de mayo. Los mediadores internacionales La reunión celebrada entre Junts y el PSOE el pasado sábado en Ginebra será la última hasta después de las elecciones catalanas. Las delegaciones encabezadas por Puigdemont y el número tres del PSOE, Santos Cerdán, con el diplomático salvadoreño Francisco Galindo como mediador internacional, constataron el cumplimiento del acuerdo sobre la ley de investidura y dejaron preparados los grupos de trabajo para abordar las carpetas de la financiación y el “reconocimiento nacional” de Cataluña. Estas conversaciones podrán mantenerse a segundos niveles, pero sin avances ni publicidad. Todo viene condicionado por el 12M. Los socialistas consideran “oportunista” el momento elegido por el Govern para presentar su iniciativa de financiación “singular”. Con cuidado en público de no cerrar la puerta a la negociación, pero tildándola en privado de “electoralista” y acusando a los republicanos de intentar “confrontar con el PSC”. Con todo, se trata de una propuesta en la que los republicanos llevan meses trabajando y el Govern puso fecha para su anuncio antes de que se rechazasen las cuentas de la Generalitat con el voto en contra de los Comuns. En la Moncloa no supuso ninguna sorpresa el pacto fiscal propuesto por Aragonès, con el que las relaciones continúan estando “bien engrasadas”. Los equipos negociadores de ERC y el PSOE se han reunido en tres ocasiones desde que la legislatura echó a andar también en presencia, explican los republicanos, de un “equipo de mediación internacional” formado por varias personas. Pero a diferencia de lo que ocurre con el verificador de las conversaciones con Junts, ninguno de los dos partidos piensa dar a conocer la identidad de estas personas. Aún menos ahora, con unas elecciones a la vuelta de la esquina.

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