Fact-check del debate electoral de TV-3 | Un candidato, una verificación: 9 imprecisiones

Los nueve candidatos a la presidencia de la Generalitat se encontraron la noche del martes en TV-3 en un debate centrado en la pandemia, la crisis económica y el modelo de país que ofrecen para Catalunya si ganan las elecciones del 14 de febrero. Hemos detectados numerosas imprecisiones. A continuación, destacamos algunas. Carlos Carrizosa, Cs: ENGAÑOSO -- "Yo prefiero que en vez de que Torra tenga una paga vitalicia, le den al personal de limpieza la paga que merecen" El candidato de Ciutadans afirmó que el expresidente de la Generalitat Quim Torra tiene derecho a cobrar una paga vitalicia por el hecho de haber ocupado ese cargo. Es ENGAÑOSO porque los expresidentes tienen derecho a dos tipos de remuneración y no necesariamente la tienen de por vida. La primera es un salario de expresidentes al cual tienen derecho durante la mitad del tiempo que haya durado su mandato y por un periodo mínimo de cuatro años. La segunda es una pensión vitalicia equivalente al 60% del sueldo del 'president'. Cuando dejó el cargo, Torra tenía 57 años y 9 meses, por lo que pasaría 3 años y 3 meses (desde el final del sueldo como expresident hasta los 65) sin derecho a esa remuneración. Alejandro Fernández, PPC: FALSO -- "Si en España hubiera presos políticos, habríamos sido expulsados directamente de la UE" Esta afirmación es FALSA, ya que la Unión Europea no tiene mecanismos de expulsión de los estados miembros. El mecanismo sancionador comunitario dirigido a estados miembros que hayan violado los valores de la Unión, contemplados en el artículo 2, están recogidos en el artículo 7 del tratado de la Unión Europea. Este asegura que la Unión se basa en valores de respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas que pertenecen a minorías. "A propuesta motivada por un tercio de los estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo", podrá activar un mecanismo preventivo. El estado miembro en cuestión deberá responder ante el Consejo, que podrá formular recomendaciones o decidir si identifica una violación de manera oficial en el caso de que cuatro quintos de los estados miembros así lo consideren. Ante una violación persistente, la Comisión --o una tercera parte de los estados miembros, aprobados por dos tercios del Parlamento Europeo-- puede activar un mecanismo sancionador. El estado miembro afectado puede entonces enviar sus observaciones antes de que se adopte una decisión final, que deberá ser votada por unanimidad del Consejo (excepto por el estado miembro afectado). Si este escenario llega a suceder, se activa el artículo 7.3 del tratado. Se celebra otra votación en la que al menos el 72% de los estados miembros --con obligación de representar a más del 65% de los ciudadanos de la UE-- puede decidir sancionar al estado miembro afectado, suspendiéndole de ciertos derechos, incluso del derecho a votar en el Consejo, hasta que las violaciones detectadas no hayan sido corregidas. Este último es el peor escenario y supone la sanción más severa que puede recibir un estado miembro. El tratado, sin embargo, no prevé ningún mecanismo de expulsión. Àngels Chacón, PDECat: FALSO -- "Estamos hablando de familias que ven sus pisos ocupados" La candidata del PDECat habló de las "familias que ven sus pisos ocupados", pero los datos demuestran que las ocupaciones se producen en viviendas vacías. Las estadísticas de delitos en España revelan que el 2019 hubo 17 veces más ocupaciones de inmuebles no habitados que de viviendas habitadas. Es la diferencia que hay que establecer entre dos delitos diferentes: la violación del domicilio (llamada "allanamiento de morada") y la usurpación de la vivienda. El artículo 202 del Código Penal establece que un allanamiento de morada consiste en entrar en un domicilio ajeno o quedarse en contra de la voluntad de su inquilino, mientras que el artículo 245 define que el delito de usurpación es ocupar un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no es la morada. En los últimos 5 años ha habido en España 26.882 usurpaciones y 1.525 casos de violaciones de domicilio (el 2019 fueron 4.687 usurpaciones y 238 violaciones de domicilio). En Barcelona, además, la concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, explicó en el Consejo Municipal del 23 de septiembre del 2020 (tal y como aparece en la página 79 del acta de la sesión) que de los 2.288 casos de emergencia habitacional que atendió la Unidad Antidesahucios del ayuntamiento en el 2019 solo en tres ocasiones las ocupaciones se habían hecho en pisos que no estaban vacíos, un 0,13%. Martín añadía que solo el 10% de los casos fueron ocupaciones de pequeños propietarios. Ignacio Garriga, Vox: FALSO -- "Todos ustedes se pusieron de acuerdo para que los exmenas cobren 600 euros [...] Vienen a delinquir a nuestras calles" El candidato de Vox, Ignacio Garriga, dijo que los menores extranjeros no acompañados cometen delitos cuando llegan a Catalunya. Es ENGAÑOSO. Según los datos de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, el 82% no ha delinquido nunca. La población extranjera ha aumentado en los últimos años en España, pero el índice de criminalidad se ha mantenido estable en las dos últimas décadas. En el 2020 había en Catalunya 403.787 adolescentes de entre 15 y 19 anys. Entre 2015 y 2020 llegaron 9.032 'menas', de los cuales el 4% eren chicas. El 2018 fue, con 3.707, el año con más llegadas de este periodo. La modificación en el 2019 de la prestación para jóvenes extutelados no tuvo ningún efecto llamada sobre este colectivo. Además, dos de cada tres jóvenes que reciben la prestación son españoles, tal y como explicamos esta semana. Gestión y datos de la pandemia Laura Borràs, JxCat: ENGAÑOSA -- "Las cifras demuestran que Illa es el peor ministro de Sanidad que ha gestionado la pandemia" La candidata de Junts, Laura Borràs, aseguró que el candidato del PSC, Salvador Illa, es el ministro de Sanidad que peor ha gestionado la pandemia del coronavirus. Es ENGAÑOSO porque España sí es uno de los países que más ha sufrido la pandemia del covid-19 pero no es el que tiene las peores cifras ni en números absolutos ni per cápita. España acumula 3 millones de contagios (11.175 por 100.000 habitantes) y 63.061 muertes, según el Ministerio de Sanidad. La Universitat Johns Hopkins, que recoge todos los datos oficiales de seguimiento del covid-19, señala que Espanya es el séptimo país del mundo y el tercero de Europa en contagios. En número de muertes, se sitúa en el noveno lugar a nivel mundial y en el cuarto a nivel europeo. La ratio por cada 100.000 habitantes en el continente europeo deja a España con la peor cifra de contagios (6.389) por delante del Reino Unido y Francia, pero en tercera posición en número de muertos (134), un ranking liderado por el Reino Unido y Francia respectivamente. Pere Aragonès, ERC: NO VERIFICABLE -- "Hoy tenemos más de 2.500 personas hospitalizadas, un poco menos de 700 están en las ucis" El candidato de ERC y vicepresidente en funciones de 'president', Pere Aragonès, aseguró que en estos momentos hay más de 2.500 personas hospitalizadas en Catalunya. La cifra es estrictamente cierta si se consultan los datos oficiales de la Generalitat de Catalunya. En concreto, a 5 de febrero había 2.517 personas ingresadas. No obstante, las cifras que facilita el Ministerio de Sanidad, a 8 de febrero, dicen que había 4.261 personas con covid-19. Los datos del ministerio van acompañadas de una nota al pie que especifica que las cifras incluyen tanto pacientes diagnosticados con SARS-CoV-2 como sospechosos, pero a todos los sospechosos se les debe realizar un test "tan pronto como sea posible", según los protocolos de la misma Generalitat. A 11 meses del inicio de la pandemia, los datos de las personas ingresadas siguen sin cuadrar. La de críticos hospitalizados en las ucis sí que coinciden. Salvador Illa, PSC: FALSO -- "He dado apoyo a todas las medidas que han tomado las autonomías" El candidato del PSC, Salvador Illa, afirmó que durante la pandemia, como ministro de Sanidad había apoyado las acciones adoptadas por los gobiernos autonómicos para luchar contra la pandemia. Es FALSO porque no apoyó todas las decisiones de los gobiernos autonómicos. Por ejemplo, a instancias de Illa, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ordenó a finales de septiembre el confinamiento perimetral de la Comunidad de Madrid a causa de la evolución del virus. En ese momento, la incidencia acumulada a 14 días era de 735,5 casos por 100.000 habitantes; la ocupación de camas en ucis era del 41,7% y la Comunidad sumaba 747 muertos en cuatro semanas. El 9 de octubre, el Gobierno español decretó el estado de alarma como medida complementaria para controlar la curva en Madrid. El 17 de enero, el Ministerio de Sanidad también recurrió el acuerdo de la Junta de Castilla y León que pretendía avanzar el toque de queda a las 20.00 horas. El departamento de Illa consideró que esa decisión violaba el estado de alarma, que marcaba el inicio del toque de queda entre las 22.00 y las 00.00 horas. Jéssica Albiach, ECP: NO VERIFICABLE -- "Estamos pagando la sanidad más cara del Estado, la privada del Estado más cara por cada paciente derivado a la uci" Catalunya fue la primera comunidad autónoma en publicar los precios de estas derivaciones y, en general, ha habido poca transparencia en relación con la factura que pagarán los gobiernos autonómicos a las clínicas privadas. Pero la agència EFE ha publicado recientemente un resumen de la situación y es difícil comparar la gestión de las comunidades autónomas en este sentido. Madrid, por ejemplo, pagará 2.084 euros por día por los pacientes ingresados en una uci privada, mientras que el precio en Catalunya se calcula en 43.400 euros, que resultan de aplicar un precio de 1.550 euros diarios sobre una estada media de 28 días. Dolors Sabater, CUP: ENGAÑOSA -- "No se ha puesto la sanidad privada al servicio de la sanidad pública" En la misma línea, la candidata de la CUP, Dolors Sabater, afirmó que no se ha puesto la sanidad privada al servicio de la pública. Es ENGAÑOSO. Tanto en la primera ola como en la segunda, el Servei Català de la Salut aprobó dos resoluciones, el 18 de març y el 4 de novembre, que ponían a "los centros sanitarios privados" a disposición del sistema público (a través del Departament de Salut). De hecho, el Decret Llei 12/2020, aprobado por la Generalitat en abril, establecía que los centros privados, así como los públicos y concertados, podían "facturar la actividad extraordinaria derivada de la atención prestada a la lucha contra el covid-19", en aquellos casos en que se derivase actividad que la sanidad pública no pudiera atender. El decreto fijaba un coste de 43.400 euros por un alta hospitalaria por covid-19 con estancia en la uci, independientemente de la duración de la atención prestada, o de 93 euros por una prueba PCR. El 26 de enero el Departament de Salut actualizó algunos precios.

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