La convocatoria electoral del 14-F discurría con razonable normalidad, pese a las ignotas condiciones que imponía la pandemia, hasta que pasaron las Navidades. Fue entonces cuando el Govern, azuzado por su mitad posconvergente, moduló el optimismo en torno a la seguridad de los comicios y empezó a escampar inquietantes mensajes e informes con cifras alarmantes sobre el peligro de mantener la cita con las urnas. La presión política y el desboque del coronavirus derivaron en un acuerdo mayoritario de los partidos para posponer las elecciones al 30 de mayo que la justicia ha neutralizado con la campaña ya iniciada. Tan insólito embrollo ha tenido dos consecuencias: la movilización del electorado se ha hundido 13 puntos en las últimas tres semanas.