Si nada más lo impide, el 14 de febrero iremos a las urnas en Catalunya. Lo haremos en medio de una crisis sanitaria inédita en el último siglo y de una crisis económica y social cuyas dimensiones aún desconocemos. En nuestro caso, se suman a una crisis institucional que llegó a su máxima expresión en octubre de 2017, que no arreglaron las elecciones de diciembre de aquel año y que estuvo a punto de tener un punto de no retorno en el otoño de 2019 con las protestas por las condenas del Tribunal Supremo a los dirigentes independentistas que aceptaron el juicio y la prisión. Todo este camino ha provocado que el mínimo común denominador de la sociedad catalana se haya empequeñecido. Las leyes y las instituciones funcionan mejor cuanto mayor es el común denominador, y la democracia es el método que nos hemos dado en los países civilizados para generar esos consensos básicos. Cuando fallan estos mecanismos, algunos inician el incierto camino de saltarse las leyes que se ha demostrado inútil incluso para sus objetivos. Están pagando por ello, más personalmente que políticamente, de momento. Y otros tienen la tentación de responder con la misma moneda que no es la justicia sino la venganza. Los tribunales ya han hecho lo que tenían que hacer. No hay lugar para ninguna venganza legítima.