Si es cierto que la crisis económica ha pasado, y a la espera de que venga otra, como muchos ya advierten, los estudiantes universitarios se han hartado de pagar los platos rotos de aquellos años de estrecheces. Su protesta, sin embargo, será ahora menos callejera y más de despacho, menos de lemas y más de acciones que pongan a la política contra las cuerdas. Se han unido a varios grupos políticos, a sindicatos y a las propias universidades para impulsar una iniciativa legislativa popular (ILP) para regular por ley una rebaja de las tasas universitarias.
El asunto tiene su origen en el 2012, cuando el Gobierno, de la mano del ministro de Educación, José Ignacio Wert, anuncia novedades fiscales que incluyen un encarecimiento del 66% de la matrícula universitaria. Aquel año, un estudiante sufragaba el 15% del coste de su formación universitaria, mientras que ahora, tal y como denuncian los impulsores de la ILP, ese porcentaje ha subido hasta el 25%. Pero la cosa no afectó por igual a todas las regiones: en el curso 2015-16, la media del precio del crédito en España era de 27,23 euros, mientras que en Catalunya se situaba en los 41,17 euros.
Apoyo de los rectores
La recogida de firmas empezará el 14 de febrero con un acto en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pero este jueves la plataforma ya se ha presentado en sociedad en la Universitat de Barcelona (UB), con la presencia de sus impulsores, entre ellos, los rectores Joan Elias (UB), Francesc Torres (Universitat Politècnica de Catalunya), Margarita Arboix (UAB) y Joaquim Salvi (Universitat de Girona). Si alcanzan el apoyo de 50.000 ciudadanos, la ILP será debatida en el Parlament. Aida Sanuy, portavoz del grupo promotor, ha explicado que los elevados precios de las tasas en Catalunya han causado "la pérdida de 10.000 estudiantes", y ha criticado que la propia Cámara catalana no haya aplicado la rebaja del 30% que se aprobó en el 2016".
La proposición estima que el sobrecoste en ningún caso lo deberán asumir las propias universidades. Y sin perder el objetivo último de que la universidad "sea gratuita y su acceso, plenamente garantizado", y que se evite algo que a su modo de ver es intolerable: que los estudiantes tengan que pedir un crédito para poder pagar su etapa académica. A favor de la ILP está el hecho de que la mayoría de los partidos políticos llevan en su programa electoral la rebaja de estas tasas. En contra, que no es más que una declaración de intenciones.