"La propuesta del Gobierno de derogar la LOMCE ha querido destruir el monstruo que creó el PP y ahora podremos volver a tener debates sobre temas relevantes como la evaluación, el modelo de enseñanza o la formación de los profesores», afirma Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, en relación al anteproyecto de reforma educativa conocido el jueves, que prevé, entre otras cosas, que Catalunya recupere las competencias educativas que la 'ley Wert' le arrebató. "Hace falta un pacto de Estado por la educación para una nueva ley", añade Palacín con una frase que parece recoger el sentir de la comunidad educativa catalana. Hasta el 'conseller' de Ensenyament, Josep Bargalló, se ha mostrado satisfecho por la propuesta de texto que avala el sistema propio catalán pero ha reclamado más audacia en algunos temas.
"No podemos estar cambiando las leyes cada vez que cambia el gobierno. La escuela quiere estabilidad", señala Belén Tascón, presidenta de la Fapac. El pacto, sin embargo, se prevé complicado porque, como resume Ramon Font, portavoz del sindicato Ustec, "estamos asistiendo a dos concepciones del Estado y la sociedad muy diferentes, que parece imposible que se pongan de acuerdo". En medio, aspectos como la evaluación, la repetición de curso, la coeducación, la equidad, los itinerarios formativos, las competencias autonómicas, el modelo lingüístico o la misma concepción de la escuela pública.
La propuesta de derogación de la LOMCE es vista como "una vuelta al sentido común", define Eduard Vallory, director de Escola Nova XXI. "Pero esta vuelta supone quedarse todavía 15 años atrás de la innovación que se está dando en el sistema educativo a nivel mundial", advierte.
Los pedagogos, sindicatos y asociaciones de padres valoran que se elimine la amenaza sobre la escuela catalana, las reválidas, la religión confesional evaluable, la separación por itinerarios, la diversificación de la FP Básica que impedía tener el título de la ESO o la jerarquización de asignaturas, pero reclaman que se ahonde en otros aspectos.
"Faltan decretos específicos que desarrollen un nuevo sistema de evaluación, un decreto de escuela comprensiva, cómo combatir la segregación o un nuevo decreto de formación de profesores", advierte Palacín.
Ustec, el sindicato mayoritario entre los profesores catalanes, valora también que se haya eliminado la necesidad de asegurar la elección de un centro concertado, que se hayan restituido competencias curriculares y que se consagren las lingüísticas, y se haya retirado "la propuesta de españolizar a los niños catalanes, que daba a entender que solo había una forma de ser español, sin tener en cuenta la plurinacionalidad del Estado", afirma Font.
Las asociaciones de padres también reclaman que se insista en la coeducación y la escuela pública, y que se les dé más voz en los centros. "El pacto de Estado ha de servir para que la educación se respete más allá de quien gobierne y que defienda una educación pública, integradora y no regida por políticas neoliberales", señala Belén Tascón, presidenta de Fapac.
El 'conseller' Bargalló afirmó que hubiera preferido una derogación absoluta de la norma, y se remitió al trámite parlamentario para incluir medidas "más contundentes" en aspectos como rechazar la coeducación que practican algunos colegios concertados vinculados al Opus Dei y pedir que se les excluya de los conciertos, o modificaciones en las funciones de la inspección, el sistema de oposiciones y los cuerpos docentes.
El titular de Ensenyament recordó que en Catalunya la LOMCE tuvo una aplicación parcial y que nunca se llegaron a implantar ni los itinerarios formativos ni la Formación Profesional Básica.