La amenaza que la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) supone para el modelo de inmersión lingüística de la escuela catalana ha tenido un impacto mínimo, según se deduce del número de peticiones de niños que quieren ser escolarizados con el castellano como lengua vehicular. Las 38 familias han solicitado que a sus hijos les sean impartidas clases en castellano, «en una proporción razonable y sufragada con fondos públicos» representan una cifra «parecida» a la del curso pasado, dijo ayer la consellera de Ensenyament, Irene Rigau.
A la espera de que los servicios técnicos de la conselleria revisen con detalle estos expedientes, Rigau se mostró convencida de que la cifra será inferior, «entre otras cosas, porque hay solicitudes que se refieren a estudiantes universitarios o del primer ciclo de educación infantil, que no son etapas obligatorias y que, por lo tanto, no tienen por qué ser financiadas con dinero público». A las familias que reúnan las condiciones para ello, se les ofrecerá la posibilidad de que sus hijos se acojan al servicio de atención personalizada, que desde hace años viene ofreciendo la Generalitat para estos casos.
No se trata, aseguró una Rigau visiblemente irritada ante la insistencia de los medios de comunicación, de estudiantes que cumplan los requisitos previstos en el decreto de la LOMCE, el que ordena a la Generalitat a pagar la escolarización de estos alumnos en centros privados si no existe una oferta de castellano como lengua vehicular en escuelas públicas y concertadas en el municipio del alumno. «El 15 de septiembre, cuando empiece el curso, no habrá ningún alumno» en esa situación, «porque los trámites que implican esta ayuda ni se han pedido ni realizado», sentenció la consellera.
LA SENTENCIA DEL 25% / La titular de Ensenyament aseguró también que tres de las cinco escuelas obligadas por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a impartir el 25% de sus clases en castellano han dejado de estar afectadas, ya que los alumnos a los que se referían las resoluciones judiciales han dejado de asistir a esos centros. En los dos casos en que aún se mantiene en vigor la obligación (uno de Sabadell y otro de Vilanova i la Geltrú), «se está trabajando para minimizar su impacto», dijo Rigau.