Pepe Álvarez (UGT): "Junts debe hacer como haría Convergència y pactar la reducción de jornada"

Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, 1956) se prepara para ser reelegido para un tercer y último mandato como secretario general de UGT. El que durante más de dos décadas fuera el máximo dirigente de la histórica central en Catalunya enfila su última legislatura a nivel estatal. Si de su anterior mandato destaca la reforma laboral, pactada con la patronal y que ha logrado disminuir la temporalidad a estándares europeos, del nuevo espera contribuir al consenso suficiente en el Congreso para aprobar la reducción de jornada a 37,5 horas semanales.

Del 1 al 10, ¿cómo de probable es que el Congreso apruebe la ley para reducir la jornada?

Ahora mismo yo diría que un 7.

Le veo muy optimista.

Realista. Hay tan pocas razones para no apoyarla que nosotros hace tiempo que estamos pidiendo que se abra un debate público sobre el tema. No entre los que piensan lo mismo, sino con todo el mundo. Pero no hay manera y los argumentos de quienes están en contra no son sólidos. No se puede decir que va contra la productividad, porque no es verdad ¡al contrario! Los países con menor jornada de trabajo son los que tienen la productividad más alta. No se puede decir que esto será un problema para España, porque no es verdad.

La reducción de jornada es la única manera de reducir el estrés en el trabajo

Aunque creo que lo creo que lo más importante es la gente ganará calidad de vida, en un momento en el que cada día vemos que crece el absentismo, en parte por razones de salud mental. Es evidente que el mundo en el que estamos genera un estrés, la propia tecnología genera un estrés que se tiene que gestionar. La reducción del tiempo de trabajo es la única manera. 

¿Ya tiene billete para ir Bruselas y tratar de convencer a Carles Puigdemont? 

No, pero a Bruselas hay muchos vuelos.

¿Qué intereses podría tener Junts en apoyar la norma?

Yo he seguido muy de cerca, y especialmente la UGT de Catalunya, el último congreso de Junts. Creo que han tomado la decisión de hacer política. La reducción del tiempo de trabajo afecta a más del 60% de la población catalana. Estar dentro de esta mayoría de la sociedad catalana tiene mucho de interés y sería lógico que Junts quiera estar. Con Junts he tenido menos relación, con el PDeCAT un poco más, pero la vieja Convergència siempre ha sido un partido centrado y que ha posibilitado las reformas laborales más importantes en España. 

También la reforma laboral del PP en 2012. 

Reformas y contrarreformas. Creo que justamente esa le costó bastante desde el punto de vista de credibilidad a la antigua Convergència. La reducción de la jornada está en la centralidad del debate. Si de verdad queremos que España sea un país europeo, también Catalunya, desde el punto de vista productivo y social, la reducción de jornada me parece absolutamente necesaria.

El Ministerio de Trabajo cerrará este jueves la negociación en el diálogo social, después de 11 meses. ¿En algún momento la patronal ha estado cerca de entrar a un acuerdo? 

En la mesa con el Ministerio ha dado pocas señales. Pero tenemos que recordar que la patronal pidió negociar primero solo con los sindicatos y ahí sí estuvo cerca de un acuerdo.

La patronal estuvo cerca de alcanzar un acuerdo con nosotros para reducir la jornada

¿Qué pasó?

En algún momento Foment del Treball contacta con Junts y seguramente esto facilita que la CEOE piense que no hace falta un acuerdo en este tema, porque no hay mayoría en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la ley. Quizás nosotros tendríamos que haber hecho antes esa llamada a Junts. Pero nosotros nos hemos mantenido bastante al margen de los partidos políticos hasta que hemos visto no había manera de avanzar [con la CEOE].

¿El ‘no’ del PP es seguro o puede abstenerse en esta ley?

No, no es seguro.

¿Yolanda Díaz le ha dado un margen excesivo a la patronal?

Si lo miramos ahora alguien podría pensar que sí. Pero en todo caso yo creo que el Ministerio ha hecho bien de apurar las posibilidades de acuerdo porque si no la CEOE hubiera tenido un argumento para decir que no han contado con ellos.

Se habla de las 37,5 horas semanales, pero la reducción de jornada en España se fija en cómputo anual. ¿Cuántas horas serán?

Ahora se abrirá un debate en el Congreso y se especificarán las horas de jornada anual. Ahora la ley no contempla un número concreto, sino que lo que prevale es la interpretación que hace el Tribunal Supremo [40 horas semanales son 1.826 horas anuales]. Y la interpretación que ha hecho el Supremo es una interpretación muy favorable a las empresas. 

En el Congreso negociaremos cuál es el equivalente anual a esas 37,5 horas semanales

¿A ustedes que cifra les sale?

No puedo decirlo, porque sobre este tema hemos de negociar. Aquí la CEOE ha de saber que existe ese margen para negociar con los partidos dentro del Congreso.

¿Cuándo estará en vigor esa reducción de jornada?

Sería razonable que el 1 de enero del 2026. A estas alturas ya no puede ser antes si debe pasar por el Congreso como proyecto de ley y el parlamento tiene los tiempos que tiene. Como real decreto… Si en 40 años no ha existido urgencia para reducir la jornada, no creo que ahora se pueda justificar.

Sobre la jornada se habla más del tiempo, cuántas horas, que no de cómo se distribuyen estas, que es para algunos trabajadores un mayor problema que no el número. ¿Por qué no han abordado una reordenación de horarios?

Reducir la jornada, juntamente con un mejor registro de jornada y la regulación sobre desconexión digital, contribuirá a racionalizar los horarios.

Antes decía que la reducción de jornada contribuiría a reducir el estrés entre los trabajadores, ¿España tiene un problema de absentismo? 

No, no más que el que pueda tener cualquier otro país de nuestro entorno. Hemos de contextualizarlo, porque luego la patronal y otros actores hablan de este tema, yo creo, de manera poco humana. Hay un fenómeno global que se ha producido tras la pandemia y que ha provocado que el absentismo aumente en todo el mundo, hasta en Corea del Sur, que era uno de los países con los índices más bajos. La sociedad, tras el covid, ha dicho que mejor vivir el tiempo que tenemos y hacerlo de la mejor manera. Luego están las nuevas tecnologías. En algunos sectores la desconexión es una quimera y la gente continua conectada las 24 horas del día.

Las mutuas no asumen ninguna responsabilidad en las bajas laborales por salud mental

¿Cómo debe abordarse? 

El problema número 1 son los servicios de salud. No puede ser que una persona que se trate a través de una mutua tarde tres veces menos en ser atendido que en la pública. Intentar situar este tema como que la gente no quiere trabajar me parece absolutamente intolerable, una vergüenza. Las empresas están más preocupadas por los trabajadores que tienen de baja que por los que están de alta, pero estresados. En este tema las mutuas deben asumir responsabilidades, si ya asumen pocos accidentes de trabajo, vinculados a salud mental, cero. Todo lo que se deriva de la empresa en relación con la salud mental está soportado por la Seguridad Social. 

¿Sobre la propuesta de altas progresivas del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social han tenido algún detalle más?

No, de eso no vamos a hablar. Si al Gobierno quiere tratarlo desde un punto de vista terapéutico, que lo haga desde el Ministerio de Sanidad, no desde la Seguridad Social, que lo que hace es administrar. La gente puede tener la absoluta seguridad que si el gobierno sitúa este tema en la mesa de negociación, los negociadores de la UGT tienen instrucciones de levantarse y dejar la sala.

Otra reforma pendiente es la del despido. Europa les dio la razón y falló que la legislación española no cumple con los mínimos. ¿Cómo debe el Gobierno reformar el despido?

No solo estamos muy contentos con la sentencia, sino que la estamos intentando aplicar cada día en los tribunales, con éxitos muy considerables. Hace poco, en el País Vasco, ganamos un juicio y la indemnización del trabajador pasó de poco más de 3.300 euros a 43.000 euros. Los magistrados ya van aplicando y ahora el Gobierno debe legislar.

¿Cómo?

Pues, por un lado, los empresarios no pueden saber previamente cuanto les costará despedir a un trabajador, para que no vayan haciendo cálculos. Y, por el otro, que la indemnización debe ser diferente en función de la situación formativa y personal de cada uno.

¿El número de días por año trabajado como manera de calcular la indemnización debe cambiar?

Abrir ese tema sería perder esfuerzos. Nos hemos de centrar en las dos cuestiones anteriores, además de recuperar los salarios de tramitación, con el objetivo no tanto de encarecer el despido, sino que este no se produzca. 

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