La Generalitat simplificará los trámites online para pedir las ayudas a la dependencia o el reconocimiento de una discapacidad

Solo el 4% de las personas que abre su ordenador, inicia sesión y empieza a solicitar una pensión por invalidez consigue culminar con el éxito dicho trámite a la primera. No es mucho mejor el porcentaje de aquellas que hacen lo mismo, pero para pedir el título de familia numerosa (7%) o una prestación de atención social para personas con discapacidad (10%). Hacer trámites con la administración puede ser un dolor de cabeza y los canales online más un muro que no una puerta de acceso y la Generalitat de Catalunya se propone ponerle remedio.

En el marco del proceso de modernización de los servicios públicos que se ha fijado como prioridad el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la Generalitat reformulará durante el próximo año los 10 trámites administrativos que más personas realizan a lo largo del año. Como son pedir el reconocimiento de un grado de discapacidad, la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), ayudas a la dependencia, al alquiler o hacer la matrícula universitaria, entre otros. 10 trámites que la Generalitat se ha comprometido a empezar a reformular en 12 meses y que el año pasado superaron el medio millón de usuarios.

El Govern ha citado este miércoles a sus 68 expertos en la materia, organizados en 12 comisiones, para hacer una foto de familia y dar simbólicamente el pistoletazo de salida a ese proceso de reforma de la administración catalana. "Hay un consenso entre la ciudadanía y el sector privado de que están alejados de la administración", ha afirmado el conseller Dalmau, durante el acto de presentación.

Encuesta ciudadana

Esa reforma pasa, en parte, por simplificar, agilizar y acelerar trámites. ¿Cómo? La fórmula todavía no la tienen definida, pero consistirá principalmente en cambiar cómo se hace el trámite y qué información se recibe sobre el estado del mismo una vez realizado. Con el fin de que la Generalitat sepa mejor dónde está el fallo y cómo sería más eficiente cambiarlo, durante el primer trimestre del 2025 realizará una encuesta entre 120.000 catalanes que hayan realizado recientemente un trámite y así recabar ‘feedback’.

La Generalitat también pondrá en marcha un observatorio de la administración digital, donde periódicamente publicará y actualizará distintos indicadores para medir cómo de eficientes están siendo sus servicios. Allí publicará el tiempo de espera medio entre que una persona inicia un trámite y tiene respuesta de la administración. También el número total de trámites que se pueden hacer online, el número tramitaciones a lo largo del año, cuál es la valoración media de la ciudadanía de dicha atención y cuáles son los servicios más consultados, entre otros.

Esos 10 trámites que se ha fijado la Generalitat para reformar serán los primeros, pero no los únicos. La conselleria ha priorizado aquellos con más solicitudes, pero también incluirá otros no tan específicamente pensados para la ciudadanía, en general, sino para las empresas. Y es que las asociaciones corporativas así se lo reclaman. La semana que viene está previsto un acto, organizado por la Cambra de Comerç de Barcelona, en el que unas 200 entitades del mundo económico presentarán un manifiesto que llama a la reforma de la administración. "Una demanda que en el contexto económico, social y político actual es imprescindible y urgente", reza la convocatoria.

Los expertos asesores del Govern comienzan ahora un plazo de 10 meses para elaborar una batería de recomendaciones de distinto calado, aunque todas vinculadas con la administración. Desde reformular el silencio administrativo en algunos trámites empresariales, hasta cambiar los métodos de selección de los empleados públicos, para hacerlos más ágiles y no tardar los dos años que, habitualmente, transcurren hoy en día entre que una administración saca una oferta pública de empleo, el opositor gana la plaza y finalmente la asume como funcionario.

Hasta actualizar normas que llevan vigentes desde hace décadas, como puede ser la ley urbanismo, cuyo cuerpo jurídico viene en su gran mayoría de 2002. Pasando por sacar de la lógica electoral el nombramiento de directivos públicos y que, cuando haya futuros cambios de Govern, los subdirectores generales de los departamentos y parte de los directores generales no los nombre a dedo el ganador de los comicios, sino que tenga que estos sean seleccionados por sus méritos y capacidades. "Esta vez va de verdad", se ha conjurado Dalmau.