Montero pide al PP que apoye la senda de déficit para evitar un ajuste de 11.550 millones en autonomías y ayuntamientos

El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes, por segunda vez, el mismo límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', y los mismos objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas que rechazó en julio el Congreso de los Diputados, con el fin de retomar el proceso de elaboración del proyecto de Presupuestos del Estado para 2025. Así lo ha confirmado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Aunque en la votación de julio, fue el 'no' de Junts el que acabó resultando determinante para tumbar la propuesta del Gobierno, Montero ha apelado este martes al Partido Popular para que apoye los objetivos de déficit y deuda en la próxima votación en el Congreso de los Diputados. Lo contrario -ha dicho- obligará a las comunidades autónomas -donde los populares gobiernan de forma mayoritaria-, a ajustar sus cuentas en 6.600 millones en los dos próximos años y a las corporaciones locales a hacerlo en otros 4.950 millones en 2025 y 2026 (en total, un menor margen de gasto 11.550 millones para la suma estos dos niveles de la administración en los dos próximos años).

Ello es así ya que, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso de los Diputados tumba por dos veces una nueva senda de objetivos de déficit y de deuda, cada una de las administraciones debe confeccionar sus propios Presupuestos sobre la base de los objetivos previos, y estos son más exigentes para autonomías y ayuntamientos que los que ahora promueve el Consejo de Ministros.

Según Montero, la senda de objetivos que ha vuelto a aprobar el Consejo de Ministros este martes "garantiza que comunidades y ayuntamientos no van a tener que hacer ningún esfuerzo de consolidación fiscal en los próximos años y que podrán utilizar los aumentos de recaudación para mejorar los servicios públicos". Siendo así, la vicepresidenta se ha preguntado de forma retórica: "¿Por qué el PP perjudica a sus territorios donde gobierna, simple y llanamente para evitar que el Gobierno saque adelante una votación en el Congreso?".

Techo de gasto de casi 200.000 millones

En su reunión de este martes, el Gobierno ha vuelto a aprobar el mismo límite de gasto no financiero o 'techo de gasto' -que no se vota en el Congreso- adoptado en julio y que establece un tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

Dentro del techo de gasto se incluye también una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023. La Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,2% en los tres próximos ejercicios.

Misma senda fiscal y de deuda

La senda de déficit que ha vuelto a aprobar este martes el Consejo de Ministros incluye un objetivo del 2,5% del PIB en 2025, del 2,1% en 2026 y del 1,8% en 2027, además de recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%, plazo temporal que estará marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas (suspendidas desde 2020 por el Covid-19)

La Administración Central asumirá la mayor parte de la responsabilidad del cumplimiento de los nuevos objetivos fiscales, dado que en 2025 deberá situar su déficit en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027. Esta senda es más exigente que la actual, que fija objetivos más laxos para el Estado, del 2,8% tanto para 2025 como para 2026

Para las comunidades autónomas, el Consejo de Ministros plantea objetivos de déficit en 2025, 2026 y 2027 del 0,1% del PIB en cada uno de los tres ejercicios (frente al superávit del 0,1% que estipula la senda vigente para 2025 y 2026). En el caso de las corporaciones locales, se fija ahora un objetivo de equilibrio fiscal, en lugar del más exigente objetivo de superávit del 0,1% y el 0,2% previsto para 2025 y 2026 por la senda en vigor.

También se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.

Siguiendo con la deuda pública, el objetivo fijado para las comunidades autónomas es del 20,8% del PIB en 2025, un 20% para el año siguiente y un 19,4% en 2027. Por su parte, la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando de un 1,3% en 2025 y 2026 y el 1,2% en 2027.

Procedimiento presupuestario

La aprobación de la senda de objetivos de déficit y deuda 2025-2027 para cada uno de los diferentes niveles de la administración pública (Estado, Seguridad Social, autonomías y corporaciones locales) constituye el trámite previo para poder avanzar en la elaboración del proyecto de Presupuestos del Estado para 2025, que el Gobierno pretender presentar en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas, a pesar de no haberse asegurado aún los apoyos parlamentarios necesarios para su aprobación.

A finales del mes de julio, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, con el voto en contra de Junts que se sumó a los del PP y Vox. La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que, en caso de voto en contra, el Gobierno debe presentar por segunda vez una nueva o la misma senda en el plazo de un mes (este plazo ha sido incumplido, desde el pasado 23 de agosto). En caso de un segundo rechazo, la ley establece que los proyectos de Presupuestos de las diferentes administraciones deben confeccionarse sobre la base de los objetivos vigentes.

Desde el Ejecutivo esperan poder llegar a acuerdos con Junts y les piden que, en esta ocasión, voten a favor de la senda fiscal, ya que es "buena" para Cataluña.

Pero, sobre todo, la vicepresidenta Montero ha apelado al Partido Popular para que apoye la senda de objetivos de déficit en la nueva votación en el Congreso ya que, según ha remachado, aplicar la senda vigente es mucho más exigente para comunidades autónomas y ayuntamientos que la que ha vuelto proponer el Consejo de Ministros.