Los fondos bajistas acechan Enagás a la espera de la resolución de su millonario laudo en Perú

Enagás encara el final del primer semestre con un ojo puesto en Perú y otro en sus acciones. Por un lado, según señalan fuentes jurídicas, la resolución del arbitraje contra el estado Peruano sobre la controversia de la inversión en Gasoducto Sur Peruano, debería resolverse a lo largo de junio. En juego hay 511 millones de dólares que la compañía dirigida por Antonio Llardén tenía invertidos en esta infraestructura. Por otro, el pasado día 11 de junio, los fondos bajistas volvieron a la carga subiendo posiciones cortas y tanto Point 72 Europe, que pasó de un 0,63% a un 0,7%; como Balyasny Asset, que pasó de un 0,55% a un 0,65%, reforzaron posiciones a corto.

De este modo, los fondos bajistas controlan hoy un 5,36% del capital social de la compañía en un momento en el que parece que la resolución del laudo arbitral acabrá llegando tras sufir varios retrasos. Más allá de los últimos movimientos, la mayor gestora de fondos del mundo, BlackRock, destaca como la posición corta más elevada con un 1,91% que mantiene desde el 21 de febrero de 2024. Esa fecha coincide con el día posterior a que Enagás anunciara la reducción del dividendo anual desde 1,74 hasta un euro por acción para los ejercicios 2024, 2025 y 2026 con el objetivo de financiar sus ambiciosos planes de desarrollo de infraestructuras de hidrógeno. Desde entonces,  la acción de Enagás ha perdido un 0,7% desde los 14,92 hasta los 14,23 euros.

Entre el reto de bajistas que cuentan con una posición minoritaria destacada se encuentra el fondo de de capital riesgo británico Marshall Wace mantiene una posición corta de 0,6% desde el 9 de mayo. Destaca también DME Capital Management que mantiene una posición corta sobre el 0,91% de Enagás desde febrero. No obstante, el fondo de pensiones de Canadá, Canada Pension Plan Investment Board, mantiene una posición corta de 0,59% desde noviembre del pasado año.

Precisamente, para el otoño del pasado año Enagá esperaba la resolución del mismo para septiembre del laudo, en concreto para septiembre de 2023 y, posteriormente para principios de este ejercicio pero ahora vuelve a retrasarse la resolución. Así, en enero de este año, en un comunicado ante la CNMV, Enagás aseguró que, “de acuerdo con las indicaciones del Tribunal Arbitral”, la elaboración del laudo “se encuentra en un estado avanzado y se espera que el mismo se emita durante el primer semestre de 2024″. En caso de resolución a su favor, en el escenario base, Enagas confía en recuperar la mitad de la inversión, 200 miilones, entre los ejercicios 2027 y 2030 y el resto post 2030. 

Ahora, fuentes jurídicas señalan que los árbitros de la Corte Internacional de Arbitraje (CCI, por sus siglas en inglés) deberían estar a punto de emitir su resolución sobre una controversia que se ha retrasado mucho por cuestiones como la complejidad técnica del asunto, la cuantía económica que implica y que "a los árbitros les cuesta dictar laudos contra los estados", apuntan las mismas fuentes sobre un arbitraje en el que Enagás está asesorado por Linklaters.

No obstante, hay que recordar que los buenos resultados que la compañía obtuvo en el primer trimeste del año. Enagás obtuvo un beneficio neto de 65,3 millones de euros, lo que representa un 19,5% más que en el mismo periodo del ejercicio pasado. Este resultado le permite avanzar según lo previsto para alcanzar el objetivo anual de unas ganancias en la horquilla de 260-270 millones de euros

¿Cómo es el arbitraje?

En 2017, Enagás inició el proceso preliminar para llevar a Perú a un arbitraje internacional con el objetivo de recuperar los 511 millones de dólares invertidos en una infraestructura específica. La empresa, liderada por Antonio Llardén, solicitó al gobierno peruano comenzar un procedimiento de trato directo previo al arbitraje internacional para intentar llegar a un acuerdo amistoso sobre la inversión realizada. Sin embargo, debido al fracaso de estas negociaciones, la compañía presentó la demanda arbitral ante el Ciadi en 2018.

El 24 de enero de 2017, el gobierno de Perú declaró la terminación del contrato de concesión de GSP. Según la cláusula 20 del contrato, se debía subastar la concesión en un plazo de un año desde su terminación (antes del 24 de enero de 2018) para pagar al concesionario hasta un máximo del Valor Neto Contable de los Bienes de la Concesión, deducidos los gastos de la subasta, es decir, hasta el 72,25 por ciento del mismo.

La empresa considera que con los activos disponibles podría recuperar sus inversiones. Aenza, anteriormente conocida como Graña y Montero, ha comenzado a realizar pagos al gobierno peruano como parte de la reparación civil relacionada con el caso Lava Jato.