Ribera sortea el intento de Endesa e Iberdrola de bloquear durante años la subida de tasas a las nucleares

El Gobierno rechaza la pretensión de las grandes eléctricas para bloquear durante varios años la subida de la tasa que pagan las centrales nucleares y con la que se financiarán los costes milmillonarios de desmantelar los reactores, construir siete almacenes nucleares y un gran cementerio definitivo donde guardar los residuos radiactivos para siempre.

La patronal Foro Nuclear, en la que se integran las cuatro grandes eléctricas propietarias de las centrales nucleares españolas (Iberdrola, EndesaNaturgy y EDP), había reclamado que no se continúe con el proceso de subida de la tasa hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los dos recursos presentados por la asociación contra el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y contra el carpetazo al proyecto de construir un solo almacén nuclear en Villar de Cañas, en Cuenca.

Una petición que, de aplicarse, en la práctica implicaría aplazar la revisión de la tasa al menos durante dos años, dados los plazos habituales con que se está pronunciando sobre este tipo de recursos la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal. El Gobierno no tiene previsto atender la reclamación de las compañías eléctricas y mantiene su plan de continuar con el procedimiento legal para revisar al alza la tasa que pagan las nucleares y que esté en vigor el próximo 1 de julio, como se recoge en el proyecto de real decreto ahora en audiencia pública, según confirman fuentes gubernamentales a El Periódico de España, del mismo grupo editorial.

El Ministerio para la Transición Ecológica pretende así tenerla aprobado el fuerte aumento del 30% de la tasa nuclear antes del verano y antes de que la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera abandone el departamento para encabezar la lista del PSOE para las elecciones europeas del próximo 9 de junio, que implicará su salida del Gobierno español.

El Gobierno prepara una fuerte subida de la tasa que pagan las centrales nucleares para cubrir los costes de gestionar todos sus residuos radiactivos. El Ejecutivo ha decidido suavizar su propuesta inicial de subida y ahora contempla un alza del 30% de la tasa, frente al incremento del 40% que defendía hace sólo unos meses. El Ministerio ha abierto un nuevo proceso de audiencia pública -ya lo hizo con su anterior propuesta de subida- para que los actores afectados por la medida presenten propuestas y alegaciones.

Sin más tiempo para alegar

La patronal Foro Nuclear ha solicitado ampliar el plazo de presentación de alegaciones para recibir información técnica y financiera más completa sobre los cálculos del Gobierno para fijar la subida en el 30%, como ya lo hizo durante la consulta pública de la anterior propuesta de elevar la tasa en el 40%. El Ministerio para la Transición Ecológica, que sí accedió hace en el anterior proceso a darle más tiempo a las compañías para presentar sus alegaciones, ha rechazado en esta ocasión la reclamación de prolongación de plazo y la patronal deberá presentar sus observaciones antes del martes 30 de abril, según confirman a este diario desde Foro Nuclear.

Las centrales nucleares pagan a Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, una prestación patrimonial no tributaria -que es la denominación correcta de este gravamen- en función de la electricidad que produce cada una de ellas. En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares están abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.700 millones acumulados.

La nueva propuesta del Ministerio es aprobar una subida de la prestación patrimonial hasta los 10,36 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las centrales nucleares, un 29,8% más que los actuales 7,98 euros por MWh. El alza ahora planteada por el Gobierno disparará los pagos que realizan cada año las centrales nucleares sólo hasta cerca de los 585 millones de euros (135 millones más que los abonos actuales)

Foro Nuclear denuncia que la subida de la tasa que pretende el Ministerio para la Transición Ecológica se debe a los sobrecostes de 2.000 millones de euros del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Gobierno, que contempla la construcción de siete cementerios nucleares y no el único almacén que estaba previsto en Villar de Cañas (Cuenca). Y la patronal achaca esos sobrecostes a la falta de consenso político e institucional para sacar adelante el proyecto de un único almacén y no quieren que se les repercuta, por eso han recurrido ante el Tribunal Supremo contra el PGRR y contra el carpetazo del proyecto de Villar de Cañas.

Rebaja general de impuestos

Las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares españolas llevan desde hace años quejándose de la enorme carga fiscal que soportan y ahora se movilizan -además de para frenar la subida de la ‘tasa Enresa- para conseguir una reforma integral de la fiscalidad del sector con una rebaja masiva de los impuestos específicos que pagan, en torno a 950 millones al año (a razón de 18 euros por MWh producido). Las nucleares reclaman al Gobierno un gran recorte de los impuestos específicos que gravan la actividad de sus reactores. E incluso piden directamente la eliminación de todos o de algunos de los tributos vigentes especiales para la producción con nucleares, tanto los estatales como los autonómicos.

En paralelo, Foro Nuclear también ha detallado opciones de reforma de los impuestos más específicas. La patronal ha pedido al Gobierno que la recaudación millonaria del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos no vaya a las arcas públicas generales, sino que se destinen a alimentar el fondo de Enresa para la gestión de los residuos nucleares (las centrales han pagado 3.100 millones de euros por este tributo tributo en algo más de una década y les quedarían por pagar otros 1.900 millones hasta el apagón nuclear). Y también ha reclamado que la propia Enresa deje de pagar un impuesto especial por sus almacenes nucleares, que luego acaba repercutiendo a las centrales (la sociedad pública ha abonado ya 148 millones y le quedaría por pagar según vaya aumentando el volumen de deshechos almacenados otros 1.277 millones más).