La banca está tratando de rebajar la capacidad de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero de emitir dictámenes de obligado cumplimiento para las entidades financieras. En concreto, pretende limitar ese poder a los casos en que los clientes reclamen hasta 2.000 euros, en lugar de los hasta 20.000 euros que contempla el proyecto de ley del Gobierno. Así aparece recogido en las enmiendas que sus patronales han hecho llegar a algunos de los grupos parlamentarios que están tramitando esta norma, según confirman a este diario fuentes al tanto del proceso. El sector argumenta que el límite de los 2.000 euros permitiría cubrir en torno al 95% de las reclamaciones que presentan los clientes contra sus bancos.