Las reiteradas tormentas de los últimos días de marzo han erosionado de manera extraordinaria las costas del mediterráneo y avivado los temores de ayuntamientos y propietarios por los costes de la recuperación de la fachada marítima. Paralelamente, se han reavivado los bulos interesados en la devaluación de propiedades con la ley de costas de trasfondo. También se ha recrudecido la batalla política en torno al impacto del nuevo reglamento, marco legal que está en proceso de reforma ante los efectos del cambio climático y el temor a un recrudecimiento progresivo de los efectos de las tormentas en las zonas costeras. Uno de los bulos más impulsados estos días ha sido el del derecho de la Administración a la expropiación forzosa de propiedades costeras, previsto en el marco legal para concesiones o propiedades en casos excepcionales. La falta de concreción de la ley de costas, especialmente en el ámbito competencial, apunta a una batalla entre partidos, entre autonomías y entre los que reclaman medidas para prevenir el cambio climático y los que incluso niegan su existencia (con Vox a la cabeza). Sí que es cierto que este cambio normativo está generando una cierta inseguridad jurídica, precisamente el objeto principal del cambio legal impulsado desde el Parlamento Europeo.  Hace dos años, en agosto de 2022, el Gobierno realizó una modificación de la normativa que afectaba a la prohibición de establecer chiringuitos o edificaciones de más de una planta, entre otras medidas. Pero el hecho de no haber realizado suficientes trámites de consulta pública hizo que el Supremo anulase la reforma en febrero de este año.