80.000 becarios catalanes empiezan a cotizar, a la espera de su prometido Estatuto

Durante este primer trimestre casi 80.000 estudiantes catalanes han tenido probablemente su primer contacto con la Seguridad Social. Dejando al margen a aquellos más precoces –y habitualmente provenientes de familias con menos ingresos- que ya antes de dejar la carrera o la FP han tenido algún trabajillo de verano o compaginan estudios con un contrato a tiempo parcial, la obligatoriedad de cotización de las prácticas curriculares de los estudios postsecundarios ha representado su primera aportación a la caja común. En un futuro, muy, muy lejano para la inmensa mayoría de ellos, esa contribución pagará sus pensiones. Este 2024 entró en vigor la obligación de que empresas, oenegés o universidades realicen una aportación mínima por cada estudiante que tengan haciendo prácticas curriculares no remuneradas, obligatorias para que los alumnos puedan sacarse el grado. Tanto universitarias como de formación profesional. Hasta ahora estas prácticas estaban exentas de aportaciones y solo en el caso de las extracurriculares o de las remuneradas había obligación de pagar cotizaciones. "Las universidades tienen hasta (el pasado) 31 de marzo para dar de alta los estudiantes en prácticas y sí que nos consta que se está acelerando mucho el ritmo de regularizaciones conforme se cumple el plazo fijado. Desde el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat se han llevado a cabo gestiones para la coordinación de las dudas y cuestiones de carácter técnico de las altas y bajas a la Seguridad Social de los alumnos en prácticas y se ha asumido desde el primer momento el compromiso de hacerse cargo de los costes sobrevenidos en las universidades públicas por este motivo", explican desde la Generalitat. En toda España el número de estudiantes en alta a la Seguridad Social por prácticas no remuneradas era de 400.665, a fecha de 22 de marzo, según datos facilitados a EL PERIÓDICO por el Ministerio de Inclusión. La medida ha entrado en vigor pese a las reticencias –cuando no el rechazo- de las universidades, perjudicadas por una doble vía. Por un lado, han tenido que asumir la gestión de los trámites. Por el otro, miles de alumnos cursan sus prácticas dentro de las propias universidades y por ello estos centros deben abonar una aportación, que si bien es mínima, antes no existía. Por estudiante el centro o empresa empleadora debe abonar 2,9 euros al mes, dado que el 95% del importe viene bonificado por la Seguridad Social. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) acusó ya en enero a las empresas y al resto de administraciones de desentenderse de los trámites para regularizar los convenios según los que abonar las cotizaciones, así como de trasladarle los costes. La CRUE cifró en nueve millones el desembolso adicional que deberá hacer a lo largo del año. Aunque a pesar de esas reticencias, desde las empresas no reportan incidencias reseñables. "En general todo el mundo ha cumplido y los estudiantes están pudiendo hacer las prácticas", explica el responsable de formación de Foment del Treball, Manuel Rosillo. "La burocracia no ayuda, la verdad, porque el problema no es el coste de pagar las cotizaciones, que es ínfimo, sino el tiempo invertido en gestionarlo todo y el sobrecoste que genera esa gestión. Sobre todo para las micro y pequeñas empresas", añade. Estatuto del Becario, este año Que los estudiantes empezaran a cotizar ya desde las prácticas, la antesala del mercado laboral, era una histórica reivindicación de las organizaciones juveniles y los sindicatos que el actual Gobierno ha acabado dando cumplimiento. No sin reiterados retrasos y periodos de gracia no pactados en el seno del diálogo social. No obstante, el círculo no está completo todavía y es que a la obligatoriedad de las cotizaciones falta por añadir el prometido Estatuto del Becario. Este entre otras, cosas, obligará a las empresas o centros donde los estudiantes realicen sus prácticas a costearles el transporte o los materiales e incrementará las sanciones a aquellas compañías que abusen de esta figura para suplantar a trabajadores y ahorrarse así costes laborales, entre otros. Esta reforma legislativa para incrementar los derechos de los estudiantes fue pactada y firmada durante la pasada legislatura entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y CCOO y UGT, concretamente hace nueve meses y con acto público incluido. La medida despertó el rechazo de la patronal y de las universidades, tanto públicas como privadas, lo que a su vez arrastró a varios grupos parlamentarios y dejó a la coalición sin la mayoría suficiente para sacarlo adelante. Desde entonces aguarda en un cajón y ahora el Ministerio de Trabajo tratará de reactivar su tramitación "en breve", "conforme lo pactado con las organizaciones sindicales y tal cual se establece en el acuerdo de coalición de Gobierno y en el Plan Anual Normativo 2024 que acaba de aprobar el Consejo de Ministros", según apuntan fuentes del departamento liderado por Díaz.

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