Adios, Presupuesto. Hola, plan de ajuste

La decisión del Gobierno de renunciar a aprobar un proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2024 aboca al Ejecutivo a centrarse, a partir de ahora, en el diseño del plan de ajuste para el periodo 2025-2028 (ampliable a 2031) que exigen las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea. El anuncio de elecciones anticipadas en Catalunya ha desarbolado, al menos para los próximos meses, el andamio de los complejos apoyos parlamentarios que sujetan al Gobierno y Pedro Sánchez ha decidido guardar para siempre en el cajón las cuentas que el Consejo de Ministros estaba a punto de aprobar este mismo mes de marzo. A partir de ahora, toda la maquinaria presupuestaria del Gobierno se ha de poner al servicio del que habrá de ser el proyecto de Presupuestos para 2025, el primero bajo el paraguas de las nuevas reglas europeas de estabilidad. Exigencia de un plan a medio plazo El plan fiscal estructural 2025-2028 deberá ser presentado en la Comisión Europea antes del 20 de septiembre y, de acuerdo a los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) exigirá, cuando menos, un ajuste anual del gasto (o de los ingresos) equivalente al 0,36% del PIB ya en 2025 y en cada uno de los ejercicios siguientes. Un ajuste del 0,36% del PIB equivale a hablar de un recorte del gasto estructural de unos 5.500 millones de 2024 (la cifra aumentará a medida que el volumen del PIB ensanche). O de un aumento similar de impuestos. O de una mezcla de ambos. Y da igual si el Gobierno se verá el 20 de septiembre con fuerzas para presentar un proyecto de Presupuestos para 2025. En todo caso, tendrá que presentar a Bruselas un plan con los ajustes para los próximos años. Por ponerlo en perspectiva, 5.500 millones es una cantidad que equivale a la cuarta parte del presupuesto en prestaciones por desempleo; o a la totalidad de lo que el Estado gasta en sanidad (que es una competencia autonómica). Presupuestos "ligeramente contractivos" Por el momento, la prórroga del Presupuesto de 2023 con la que se había iniciado el año se extenderá a todo el ejercicio 2024. La cuantía de las pensiones ya quedó actualizada desde el 1 de enero. Además, el Gobierno ya había previsto aprovechar la tramitación parlamentaria del decreto con medidas anticrisis para introducir la subida salarial del 2% pactada para funcionarios y empleados públicos de todas las administraciones. Otra enmienda sobre ese mismo decreto servirá para actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación para comunidades autónomas y corporaciones locales. Los Presupuestos del 2025 serán los primeros que habrá que construir de acuerdo a las nuevas reglas fiscales que el Parlamento Europeo se dispone a aprobar definitivamente en el mes de abril. Y esto implicará la obligación de ajustes. De momento, Bruselas ya ha lanzado una primera recomendación a los estados miembros de la Eurozona para que los borradores presupuestarios para el año próximo sean “ligeramente contractivos”. Esto es, con un gasto que, en todo caso crezca menos que la economía. Cómo afectará a España La Airef -cuyas tareas quedan reforzadas en el marco europeo de las nuevas reglas- ha estimado que cumplir las reglas fiscales exigirá a España un ajuste equivalente al 0,64% del PIB (unos 9.800 millones de 2024) en cada uno de los cuatro años que debe abarcar el plan fiscal 2025-2028 (2,56 puntos de PIB, equivalentes a casi 40.000 millones de hoy) para convencer a las autoridades europeas de que la abultada deuda pública española (107,7% del PIB en 2023) se introduce en una decidida senda de corrección hacia el objetivo del 60% del PIB. Pero el marco europeo permite repartir el ajuste total necesario (40.000 millones) en siete años, a cambios de compromisos de inversión. Esto es lo que se dispone a hacer España, que tiene por delante la ejecución de las inversiones previstas en el Plan de Recuperación. Siendo así, el ajuste necesario cada año se situaría en el entorno de 5.500 millones (con números de 2024). El Banco de España, por su parte, estima que el ajuste anual necesario (en un plan a 7 años) no sería inferior al 0,5% del PIB en cada ejercicio (unos 7.600 millones cada año), tal como explica el gobernador Pablo Hernández de Cos este mismo domingo en una entrevista con EL PERIÓDICO. Déficit del 3% del PIB Y todo ello, dando por hecho que España cumplirá el objetivo que se ha fijado el Gobierno de finalizar 2024 con un déficit del 3% del PIB. Si no se cumpliera este objetivo, España quedaría afectada por la disciplina del Procedimiento de Déficit Excesivo de las reglas fiscales europeos, y la exigencia de ajustes sería aún mayor. Lo cierto es que la ausencia de unos nuevos Presupuestos en 2024 -que iban a incluir un techo de gasto más elevado- y la consiguiente prórroga de los de 2023 debe favorecer el cumplimiento del objetivo de déficit del 3% del PIB este ejercicio.

Adios, Presupuesto. Hola, plan de ajuste

Tras renunciar a presentar una nuevas cuentas para 2024, el Gobierno se centrará ahora en el mucho más difícil proyecto de ley para 2025

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