¿Qué supone una prórroga de los presupuestos en Catalunya?

La inversión en carreteras e infraestructuras es una de las víctimas de la prórroga de los presupuestos que ya rige en Catalunya y que se prolongará al no salir adelante en el Parlament las cuentas para el presente ejercicio. La inversión, que en el proyecto presentado por el Ejecutivo de Pere Aragonès superaba los 3.000 millones, el mayor nivel en tres años y como en 2011, ya sufrió varios ejercicios de parálisis con la década de prórrogas y presupuestos fuera de plazo aplicada por la Generalitat entre 2010 y 2021, la etapa del 'procés' y la intervención de la Generalitat por el 155. Al igual que con las cuentas de 2023, aprobadas ya iniciado el ejercicio en marzo pasado después de lograr aprobar las de 2022 en tiempo y forma por primera vez en una década, la Generalitat vuelve a funcionar con el piloto automático. Y en esta ocasión, al retirarse también el proyecto de ley de acompañamiento tampoco se bajará un punto el tipo mínimo del tramo autonómico del IRPF, hasta el 9,50% para las rentas inferiores a 33.000 euros. La comunidad se mantendrá como la que más grava a las rentas de 30.000 a 45.000 euros. El problema esencial en este caso son los recursos adicionales que le corresponden a la comunidad por la financiación autonómica, que no se pierden, pero que se tienen que gestionar con menos agilidad a través del Parlament al alargarse la prórroga. Y eso afecta esencialmente a las inversiones. Mismo nivel de gasto En esencia, una prórroga supone que se tiene que mantener el mismo nivel de gasto que en las cuentas del ejercicio prorrogado. El límite de gasto no financiero establecido para 2022 fue de 30.015 millones de euros y para 2023 se disparó más del 10% hasta los 33.113 millones de euros. Para 2024 se había situado en un máximo de 36.684 millones, el 9,6% más, aunque 800 millones iban a ir a un fondo para reducir los gastos de sanidad que se pasan de un ejercicio a otro. El Govern cifra el gasto adicional que se deja de tener en 2.443 millones más los 800 del fondo para Salut. Y ha insistido por activa y por pasiva que los de 2024 eran los últimos presupuestos de carácter expansivo que se podían aprobar antes de que entren en vigor las reglas fiscales más estrictas en la zona del euro. El proyecto presupuestario alcanzaba los 43.673 millones de euros, con un alza del 6,5% sin contar los intereses de la deuda, que se disparan el 75,6%, hasta los 1.372 millones; y el fondo de 800 millones para Salut. El conjunto del sector público llegaba a 48.492 millones, incluyendo desde el Institut Català de Finances (ICF) a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o Ferrocarrils de la Generalitat. Tanto políticos en activo como otros que ya han dejado la vida pública coinciden en que lo ideal es que todo esté planificado desde el uno de enero para poder gestionar con más agilidad. Si no, existen herramientas para poder gastar más de lo previsto a pesar de la prórroga a través de ampliaciones de crédito. Según los expertos, con la prórroga, el Consell Executiu puede realizar un expediente de modificación de crédito y hacerlo a través de traspasar recursos de una partida a otra, lo que se denomina transferencia de crédito. La vía más fácil y que es la que se empleó durante la pandemia del covid para destinar a gastos sanitarios y sociales. Créditos extraordinarios o suplementos de crédito Más compleja es la opción de los créditos extraordinarios o los suplementos de crédito, que aumentan el gasto y que requieren pasar por el Parlament, a través de un informe justificativo, lo que ralentiza la gestión. Si el resto de partidos no apoyan los presupuestos podrían frenar algunas iniciativas de mayor gasto que plantee el Govern o hacérselas modificar. Los fondos europeos, en cambio, requieren la generación de crédito, que implica más gasto como consecuencia de unos mayores ingresos, pero se pueden usar a medida que van llegando, afirman los expertos. La ley de Presupuestos de la Generalitat afirma que no se pueden llevar a cabo iniciativas legislativas o administrativas que supongan un aumento del gasto público presupuestado si no se proponen, a la vez, los recursos adicionales necesarios o las reducciones proporcionales de gasto. Tampoco se pueden tramitar ampliaciones de plantilla nuevas ni otras reestructuraciones que comporten un aumento global del gasto de personal.

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