Los impagos de los créditos covid avalados por el ICO suben a un contenido 2,3%

Cuatro años después del estallido de la pandemia, los créditos bancarios con aval público del ICO creados por el Gobierno para evitar una debacle masiva de empresas, pymes y autónomos por la crisis sanitaria siguen mostrando un comportamiento más positivo del que hubiera sido esperable cuando se decretó el confinamiento en 2020, pero también registrando un esperable y progresivo deterioro. A cierre del pasado septiembre, la morosidad de estos préstamos -más de 90 días de impago- había subido desde el 1,67% de enero (2.346,3 millones de euros en situación de impago) y el 2,004% de abril (2.815,5 millones) al 2,3% (3.231 millones de euros, un 38% y un 15% más, respectivamente), según un informe al que ha tenido acceso este diario del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el banco público que tienen ahora por delante el reto de desplegar unos 40.000 millones de préstamos europeos.

Dichos impagos han llevado al Estado a abonar a la banca 701 millones de euros (180 millones y un 34,5% más que en abril), en virtud de las garantías que concedió para lograr que la financiación siguiese llegando a la economía en las primeras fases del coronavirus. El Estado, así, se comprometió a asumir el 80% de las pérdidas que causaran a los bancos los créditos morosos a autónomos y pymes y entre el 60% y el 70% en los préstamos impagados a empresas de mayor tamaño. La cantidad desembolsada es todavía baja porque la morosidad está siendo contenida, y también porque el ICO va abonando a las entidades el monto avalado de las cuotas impagadas, no de todo el capital pendiente del crédito, ante la posibilidad de que el cliente vuelva a ser capaz de hacer frente a las cuotas. 

Paralelamente, las entidades han abonado al ICO 1.925,79 millones como remuneración por haber recibido los avales (204,5 millones y un 12% más que en abril). El saldo, por tanto, sigue siendo positivo para el Estado, si bien en algún momento es probable que se dé la vuelta dado el montante de los créditos en impago, que además es esperable que vaya creciendo a medida que los clientes en situación más delicada tengan más problemas para afrontar las cuotas. Además, el saldo de créditos avalados sobre el que las entidades pagan la comisión al Estado se va reduciendo a medida que los clientes van amortizando los préstamos. 

Autónomos y pymes

El número de operaciones morosas asciende a 55.439 (frente a las 48.034 de abril), concedidas a 38.781 autónomos, pymes y empresas (34.135 en el anterior informe). Dichos créditos impagados comparan con los 1.192.484 que se concedieron, con 674.922 beneficiarios que recibieron 140.737 millones de euros (de ellos, unos 107.000 millones avalados). Que las operaciones impagadas (4,6% del total) sean mayores que el montante en mora (2,3%) implica que los clientes que pidieron cantidades más pequeñas -normalmente autónomos y pymes- están teniendo más problemas para hacer frente a las cuotas. 

Así, la morosidad es más elevada en las micropymes, autónomos y pymes (2,89%) que en las empresas de mayor tamaño (0,8%). La tasa total de impagos se sitúa en el 2,3% porque la inmensa mayoría de las operaciones (el 98% del total) se concedieron a trabajadores por cuenta propia y pequeñas y medianas empresas. En cualquier caso, se trata en ambos segmentos de datos bajos tanto respecto a lo esperable hace cuatro años como a los datos históricos de morosidad. En junio de 2022 venció el periodo de carencia de la mayoría de operaciones que se beneficiaron de la moratoria en el pago del principal, pero no se ha producido un incremento notable de la morosidad.

Por sectores, es llamativo que el de turismo, ocio y cultura presente una tasa de impagos inferior a la media (1,98%), pese a haber sido uno de los más afectados por el confinamiento. La fuerte recuperación de su actividad tras la reapertura de la economía posterior a la pandemia le ha permitido lograr una situación financiera mucho más sólida de lo que hubiera sido previsible en la primavera de 2020, algo que en mayor o menor medida es extensible al resto de sectores. Por comunidades autónomas, entre las que presentan tasas más bajas están Navarra, La Rioja y Baleares (con impagos de en torno al 1%), mientras que las más pobladas (Andalucía, Catalunya y Madrid) se encuentran en torno a la media. En cambio, la Comunidad Valenciana y Extremadura presentan tasas que rondan el 3,4%. 

Diferencia con el Banco de España

Las cifras del informe del ICO, que lógicamente irán creciendo en los próximos trimestres, son diferentes a las que viene dando el Banco de España (8,3% de dudosidad a junio de 2023, frente a una tasa de dudosidad empresarial general del 4%) debido a diferencias en la metodología de cálculo. El ICO toma como referencia la cantidad máxima de crédito otorgado porque estima que ofrece la imagen más realista. Así, se trata de una cartera cerrada a nuevas entradas (el plazo para pedir los avales finalizó en junio de 2022), que además se va reduciendo por las amortizaciones (principalmente de los clientes más solventes). En cambio, los créditos en mora o con mayores dificultades de pago no salen de la cartera, con lo que su peso siempre tenderá a aumentar respecto al último dato de saldo vivo. Además, el ICO tiene en cuenta solo los créditos impagados, ya que son los más relevantes para la institución pues son los que le obligan a pagar a los bancos.

El Banco de España, en cambio, toma como referencia el último saldo vivo del crédito dispuesto (hay cantidades aprobadas que las empresas finalmente no necesitaron, aunque lo tenían aprobado y disponible). Además, calcula la tasa de dudosidad (no de morosidad, como el ICO), en la que se incluyen tanto los créditos impagados como los registrados en la categoría de dudosidad subjetiva (operaciones al corriente de pago pero que se considera probable que dejen de estarlo). Ello es así porque para el organismo supervisor lo relevante no es el impacto que puedan tener dichos créditos en las cuentas públicas, sino en los bancos y en la estabilidad del sistema financiero.

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