El Gobierno se ha comprometido a poner punto y final a la obligación de pedir cita previa en cualquier administración pública para ser atendido. La pandemia aceleró la digitalización de servicios como el Sepe, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y, a su vez, trasladó de la calle a la nube la clásica estampa de largas colas para tramitar el paro o solicitar información para una futura pensión. No obstante, la falta de manos en parte de los servicios públicos amenaza con diluir el efecto de la medida, según recelan entidades sociales, trabajadores públicos y usuarios.
Trámites en la Administración
La cita previa se mantendrá en los servicios públicos pese al fin de la obligatoriedad
Oenegés y trabajadores públicos reclaman más personal para desatascar las atenciones presenciales
El mercadeo de citas previas persiste: "Por 30 euros te saco hora mañana en el Sepe"
Personas accediendo a una oficina pública de empleo /
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