Apagón informativo sobre la ejecución de la inversión del Estado en las autonomías

El 22 de octubre de 2022 fue la última ocasión en la que la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, publicó su estadística semestral sobre el grado de ejecución de la inversión territorializada del Estado en cada una de las 17 comunidades autónomas. En aquel informe, la IGAE publicó los datos de ejecución terrorial de las inversiones reales correspondientes hasta el 30 de junio de 2022. El resultado era que a mitad de año, el Estado solo había ejecutado la cuarta parte de los algo más de 21.000 millones de inversión autonómica prevista para todo 2022. Después de entonces se ha poducido un apagón estadístico. La web del Ministerio de Hacienda no ha vuelto a publicar ninguno de los dos informes semestrales posteriores comprometidos en el calendario de estadísticas oficiales de 2023 (el 30 de mayo y el 29 de septiembre). Además, sorprendentemente, el Programa Anual 2024 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024 publicado este 24 de enero en el Boletín Oficial del Estado acaba con la difusión semestral de datos y establece que solo habrá un informe anual (relativo a 2023) que se publicará el próximo diciembre. Ya no se difundirán los datos de inversión territorializada de toda la Administración General del Estado (AGE) y sus empresas públicas. Solo se publicarán los de las entidades integrantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitrams). Ciertamente, en el Ministerio de Transportes es el que más inversión territorializada concentra, si bien hay otros departamentos, como el de Transición Ecológica donde también es relevante la distribución autonómica de las partidas. Es más, el proyecto de real decreto por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2025-2028, que se encuentra estos días en fase de audiencia e información pública, ya consagra para los próximos cuatro años el nuevo criterio: una sola publicación anual y solo con los datos territorializados del grupo del Ministerio de Transportes y sus empresas públicas, como Renfe y Adif. La duda es qué va a pasar a partir de ahora con el mandato de la Ley General Presupuestaria que, en su artículo 135, obliga a la IGAE a informar con carácter semestral a la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Diputados sobre el grado de ejecución de la inversión real del Sector Público Estatal en cada comunidad autónoma. Según fuentes del Congreso, en 2023 Hacienda no aportó a su Oficina Presupuestaria ninguna información distinta de la publicada en la página web del Ministerio; es decir, no aportó ninguna, ya que la última que figura en la web corresponde al 22 de octubre de 2022. Primer incumplimiento: el 30 de mayo El año pasado, Hacienda incumplió el compromiso previsto en el plan estadístico de publicar el 30 de mayo los datos de ejecución de la inversión presupuestada por el Estado en las autonomías correspondientes al conjunto de 2022. El 30 de mayo de 2023, el país estaba digiriendo los resultados de las elecciones autonómicas y locales celebradas dos días antes, el 28-M. Tal vez eso pudo influir en la decisión del Ministerio de Hacienda de no publicar unos datos que, a buen seguro, habrían añadido polémica en las delicadas negociaciones de pactos post-electorales para la gobernabilidad de autonomías y ayuntamientos. Y es que los datos de ejecución presupuestaria del Estado permiten extraer conclusiones sobre en qué comunidades el Gobierno cumplió e incluso superó la inversión prevista o en cuáles no llegó ni a la mitad. Y esa información tiene la capacidad de transformarse en munición política frente al Ejecutivo central por parte de los territorios que peor salen en la foto. En Catalunya, por ejemplo, el Estado solo ejecutó un tercio de la inversión del Estado presupuestada en esta comunidad para 2021 (último ejercicio sobre el que existe información completa), mientras que en Madrid casi se dobló la cantidad consignada en los Presupuestos. La ejecución media, para el conjunto de las comunidades fue del 67,1% respecto de lo presupuestado. En Catalunya, Asturias, Andalucía y Comunitat Valenciana, la ejecución no llegó al 50%, mientras que en Aragón, La Rioja, Castilla La Mancha y Madrid se superó el 100% de lo previsto. Según el análisis de la Generalitat, el nivel de ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya desde 2015 hasta 2021, la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya ha sido del 62% de media, porcentaje inferior a la media del conjunto de las comunidades autónomas (en 2021 apenas fue del 35,7% en Catalunya, 31 puntos inferior a la media estatal del 67,1%). Según un informe de la Conslleria de Economia de la Generalitat con datos de la Intervención General del Estado, desde 2010 se ha dejado de ejecutar el 49,6% de los presupuestos generales del Estado destinados a Adif y Renfe en Catalunya. Este análisis eleva a 3.639 millones de euros la suma que se ha dejado de ejecutar en los últimos 13 años y alimenta la demanda de Catalunya del traspaso de las competencias sobre Rodalies, que se encunetra en trámite. Segundo incumplimiento: el 29 de septiembre El 29 de septiembre volvió a haber otro apagón estadístico. En contra de lo que figuraba en el calendario de estadísticas de la página web del Ministerio de Hacienda, ese día tampoco se publicó el informe sobre ejecución de la inversión territorializada correspondiente al conjunto del ejercicio 2022. Y eso que existía una exigencia de información por parte de las comunidades autónomas. En julio pasado, en una carta remitida a la ministra de Hacienda para cuestiones relacionadas con la financiación autonómica, la consellera d'Economia de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Mas, se quejaba de la baja ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya y aprovechaba para pedir a María Jesús Montero la publicación de los datos de cumplimiento de la inversión regionalizada de 2022. En otras ocasiones, Mas ha hecho la misma reclamación verbalmente durante intervenciones públicas. Desde ese departamento insisten en que con su actitud, Hacienda está incumpliendo la normativa. Ese 29 de septiembre, el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, perdía en la segunda votación de su investidura y se abría el tiempo de Pedro Sánchez para fraguar apoyos parlamentarios para su candidatura. Puede que esta coincidencia también acabara pesando en la decisión de Hacienda de no publicar una estadística con potencial de enturbiar la negociación de Sánchez con los partidos independentistas, nacionalistas y regionalistas, para su investidura. En su negociación con ERC, el PSOE acordó con la formación catalana crear una comisión de inversiones entre la Generalitat de Catalunya y el gobierno del Estado para acordar la priorización y planificación de la actividad inversora y su seguimiento y ejecución. De momento, el Govern anunció el pasado 15 de enero la constitución del nuevo Comitè Estratègic d’Inversions, con el objetivo de identificar los proyectos prioritarios que tendrá que llevar a cabo el Estado en Catalunya para corregir su déficit histórico de inversiones, "incluyendo los que ejecutará directamente la administración catalana a través de un sistema de encomiendas de gestión", explicaron en un comunicado. Por esta vía está previsto acometer proyectos como la B-40, los intercambiadores ferroviarios del Vallès, la N-2 o la N-260 o los nuevos que decidan. Lo cierto es que, a 22 de febrero de 2024, aún no se conocen los datos de ejecución de la inversión territorializada correspondiente al conjunto de 2022; ni mucho menos los del primer semestre de 2023, por el apagón estadístico producido en el Ministerio de Hacienda. Según el plan estadístico previsto para este año, hasta el próximo diciembre no se conocerán los datos del año pasado.

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